El Congreso continúa buscando la eliminación del régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Solo en el último año se han presentado un total de 81 proyectos de ley para pasar a los trabajadores contratados bajo CAS -que corresponde al Decreto Legislativo 1057- al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, que incluye beneficios laborales como CTS y gratificaciones.
De acuerdo con la información publicada en la web del Congreso, la mayor parte de estas iniciativas presentadas entre 2025 y los primeros días del 2026 aún se encuentran en trámite.
Actualmente son 59 proyectos que se encuentran en evaluación en las comisiones, con dictamen o recién han sido presentadas.
En este primer grupo también se ubica uno de los proyectos que busca cambiar el régimen laboral en EsSalud. Si bien esta propuesta fue aprobada en primera votación en el Congreso, se pidió, vía aclaración, la rectificación de errores materiales en el texto.
Un cuarto del total de proyectos presentados ya fueron aprobados. Hay 22 proyectos que ya culminaron su paso por el Congreso, ya sea porque se encuentran en condición de autógrafa (12) o porque han sido publicadas como ley (10).
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¿Dónde se busca eliminar el CAS?
La mayor concentración de proyectos se registra en el Ministerio Público, que acumula 12 iniciativas entre proyectos y leyes aprobadas. Le siguieron el Ministerio de Educación y el Poder Judicial, ambas con 7 proyectos cada una.
Solo esas tres entidades concentran más de un cuarto del total de iniciativas registradas en el Congreso relacionadas con el cambio de régimen laboral de CAS al 728.
Incluso entidades con funciones técnicas aparecen de forma recurrente en estos proyectos son la Contraloría General de la República y la Procuraduría General del Estado, y el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej).
Otras entidades en las que el Congreso busca eliminar el CAS son el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), que figuran con tres proyectos cada una.
También se encuentran en la lista, con una propuesta por cada entidad, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Instituto del Mar del Perú (Imarpe), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entre otras.
Pero no todas las iniciativas se limitan a una entidad en particular, pues hay tres que plantean la incorporación de trabajadores CAS de varias o de todas las entidades públicas al régimen 728, así como la eliminación progresiva del régimen CAS.
La mayor concentración de proyectos se registra en el Ministerio Público.
Precedente constitucional vigente
Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, advirtió que este aumento en la cantidad de proyectos para reducir el CAS se produce pese a que existe un precedente claro del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional una norma similar.
El especialista recordó que la Ley 31131, que en 2021 dispuso el traslado del personal CAS al régimen 728, fue declarada inconstitucional por el TC pues vulneraba los artículos 78 y 79 de la Constitución que exigen equilibrio presupuestal y prohíben al Congreso generar gasto público, así como el artículo 118, referido a las competencias exclusivas del Poder Ejecutivo.
“El Tribunal Constitucional encontró que esta migración era inconstitucional no solo por iniciativa de gasto, sino por invadir competencias del Ejecutivo en la administración de la hacienda pública y atentar contra la meritocracia. Eran múltiples razones”, comentó a Gestión.
Más allá del aspecto legal, Segura resaltó que este tipo de medidas implican un impacto fiscal permanente.
Por ejemplo, la aprobación de proyectos donde se pide la eliminación del CAS en todo el sector público y su pase a otro régimen llevaría una migración generalizada que podría involucrar a alrededor de 360,000 trabajadores.
“Un cálculo grueso -que le corresponde afinar al Ministerio de Economía y Finanzas- nos lleva a hablar de aproximadamente S/ 3,000 millones anuales adicionales, solo a costos vigentes actuales”, señaló.
Esto no solo implicaría un problema para la meta de déficit del 2026, sino que representaría un problema de sostenibilidad fiscal a futuro.
Una vez que se da un incremento en los gastos en remuneraciones de los trabajadores del Estado luego no hay vuelta atrás, precisó David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad.
“Es un aumento permanente del gasto corriente que no es reversible. Estamos hablando de estabilidad laboral, CTS completa, gratificaciones. Todo eso incrementa la rigidez presupuestaria y reduce el margen de maniobra del Estado”, indicó.
Más gasto, ¿menos calidad del servicio público?
Para el 2026 el presupuesto destinado al pago de planillas de trabajadores del Estado aumentó en 12.3%, estando más de S/10,301 millones por encima del año pasado. Pero, ¿cuánto se gasta en CAS frente a otros regímenes como el 728?
Los últimos datos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) indican que aunque en la pandemia el régimen CAS llegó a representar un máximo de crecimiento del 21.1% del gasto total en remuneraciones, en los últimos años viene reduciendo.
Entre 2023 y 2024 el gasto en remuneraciones por contrataciones CAS retrocedió 8% y 5%, respectivamente. En tanto, el costo de los regímenes permanentes se aceleró, con incrementos del 11% en 2023 y del 13% en 2024.
Cabe precisar que, en los últimos ocho años la planilla de regímenes permanentes como el del DL 728 pasó de costar S/ 40,407 millones a S/ 66,666 millones al Estado.
El problema no se limita al impacto que genera en el cumplimiento de las metas fiscales a corto o mediano plazo, sino que también se advierte un impacto sobre la meritocracia y la reforma del servicio civil.
“No hay ninguna vinculación entre estas incorporaciones y una evaluación de desempeño, perfiles o productividad. Esto se aleja completamente de lo que buscaba la reforma de Servir”, sostuvo Tuesta.
También alertó sobre un efecto imitación pues cuando se anuncia el cambio de régimen y/o aumento de remuneraciones en un sector, otro colectivo podría exigir beneficios similares, ampliando aún más el impacto fiscal.
Además, consideró que se crean desigualdades frente al sector privado y frente a jóvenes que no tienen estabilidad ni beneficios equivalentes.
El costo de los regímenes permanentes se aceleró, con incrementos del 11% en 2023 y del 13% en 2024.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
