
Nuevo paro de transportes. Desde la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao informaron que el próximo jueves 02 de octubre acatarán esta medida de protesta a fin de que el Gobierno los escuche y ponga fin a las extorsiones, que han acabado con la vida de decenas de trabajadores del rubro.
Héctor Vargas, representante de esta coordinadora, indicó que 72 empresas formales pararán sus actividades diarias, ya que “las autoridades no están haciendo nada” para frenar los asesinatos y el sicariato".
“Vemos con mucha preocupación que nuestros compañeros transportistas están saliendo a marchar y no hay una autoridad, alguien que corrija, reciba, converse y proponga alternativas de solución”, expresó en RPP.

¿Ejecutivo decretará estado de emergencia ante incremento de extorsiones?
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, aseguró que sí existe “un compromiso real” y “una política clara y estrategias de la Policía Nacional del Perú” que trabajan desde el Ministerio del Interior.
Por ejemplo, alistan un paquete de compras de geolocalizadores y georeferenciadores para identificar “las llamadas rápidamente” y “los mensajes sean ubicados para capturar a la persona que inicia ese proceso criminal” —no quiso mencionar la palabra extorsión—.
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Y, sobre la posibilidad de decretar estado de emergencia en Lima y Callao ante la alta incidencia de extorsiones y crímenes a transportistas, aseguró Arana Ysa que le corresponderá al Miniter si corresponde. “No es un problema de presupuesto, sino de estrategia”, soslayó.
El premier Eduardo Arana instó a los protestantes a mantener una actitud “pacífica” para que no se desvirtúen sus propósitos, y pidió “tener fe” en el trabajo que realiza el Ejecutivo.
Intensificarán paro de transporte: ¿a nivel nacional también habrá?
Tres gremios de transportistas han anunciado que intensificarán sus medidas de protesta si no hay respuestas concretas del Gobierno para combatir las extorsiones del crimen organizado. Incluso, prevén portar armas para defenderse.
Julio Raurau, presidente del Consorcio de Empresa de Transportes (CONET), resaltó que es la primera vez en la historia del sector que se atenta contra la vida de sus trabajadores, y aseguró que el incremento de los crímenes responde al ingreso descontrolado de extranjeros.
“Todos están pagando cupo. Ambulantes, mototaxistas, comerciantes (...) Nos da mucha pensa que esto esté sucediendo”, mencionó en Latina.
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Por su parte, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT) tildó de catastrófico el estado del transporte público en Lima Metropolitana y Callao; mas recordó que líneas como Huáscar, Santa Catalina y Roma —cuyo recorrido llega a San Juan de Lurigancho, una de las zonas rojas— han salido a trabajar este lunes 29 de septiembre pese a los peligros solo para “medir la temperatura”.
Insistió en que deben ser diligentes a la hora de protestar porque no se puede interrumpir abruptamente el servicio, pese a que la población exija que paren, ya que “perdemos todos”.
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Luis Gutiérrez, representante de APSUPER, argumentó que si no se garantiza la seguridad en lo inmediato, “puede haber paro nacional”. A la fecha, el 20% de los conductores ya abandonó su trabajo “por miedo”, por lo que exigió al Gobierno garantizar la integridad de todos.

Gutiérrez señaló que la Policía Nacional del Perú (PNP) les ha prometido vigilancia en corredores, terminales y monitoreo con drones, mas no confía en que sean suficientes para evitar más muertes.
En esa línea, Raurau subrayó que han pedido al ministro del Interior, Carlos Malaver, colocar agentes policiales y militares en buses “como en la época del terrorismo”; de lo contrario, “pedimos que nos den facilidades para capacitarnos y portar armas legalmente” —comentó en Panamericana—.
Ojeda advirtió que, tal como pasó en Medellín (Colombia), las bandas de delincuentes están colocando a trabajadores dentro de las empresas de transporte público a la fuerza. “El transporte mueve efectivo, y donde hay efectivo, ahí estarán los criminales“, añadió para Latina.
Tanto Ojeda como Raurau coinciden en que no hay intereses políticos de los gremios que representan, e instaron a los poderes del Estado —Ejecutivo, Congreso y Judicial— a dejarse de “politiquería barata” y “trabajar juntos” para que no se derrame más sangre inocente.








