
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ejecutó la desactivación de equipos especiales en el Ministerio Público, y desde el Congreso, se presentó una denuncia constitucional por una presunta infracción a la carta magna.
“La desactivación de los cuatro equipos especiales es sinónimo de impunidad, entre ellos el que investigaba las violaciones a derechos humanos ocurridas en el Gobierno de (Dina) Boluarte”, comentó en X la legisladora Ruth Luque.
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A su criterio, la desactivación de estos cuadros fiscales “no es una decisión técnica”, sino, “una infracción constitucional que favorece a investigados por corrupción y otros delitos”.
Una vez presentada la denuncia constitucional, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene 10 días para admitir o rechazarla. De proceder, se emite un informe para que la Comisión Permanente le dé su visto bueno. En caso continúen las pesquisas, el Pleno vota la acusación constitucional —que, de aprobarse, se remite a la Corte Suprema para juicio penal común, donde perdería fuero como alto funcionario—.
Vale acotar que Tomás Aladino Gálvez puso fin a cuatro equipos específicos —medida que había anunciado semanas atrás—, los cuales son:
- Equipo Especial Lava Jato
- Equipo Especial encargado del caso“Los Cuellos Blancos del Puerto”
- Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales
- Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP)
“Es un mal mensaje lo que se está haciendo (...) No prima la ley, no prima la Constitución”, resumió para Convoca, el fiscal José Domingo Pérez.

Cabe añadir que para el Ministerio Público, la ley le permite crear equipos especiales y también dejarlos sin vigencia una vez que las circunstancias lo ameriten. Según el MP, ninguna de las investigaciones será archivaday que los casos continuarán su trámite en fiscalías especializadas permanentes.








