La Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión de prolongar la prisión preventiva impuesta contra el expresidente Pedro Castillo. La resolución judicial confirmó que la medida en contra del exmandatario se extenderá por un plazo de 12 meses adicionales, quedando vigente desde el 9 de marzo de 2026 hasta el 8 de marzo de 2027.
La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República al resolver el Recurso de Apelación N.° 88-2026, detalló Canal N.
El fallo de la máxima instancia judicial determinó que el requerimiento del Ministerio Público cumple con los requisitos del artículo 274 del Código Procesal Penal.
Los magistrados concluyeron que el proceso penal presenta una especial dificultad debido a la realización de pericias contables, de ingeniería y de análisis digital forense sobre múltiples dispositivos incautados a los investigados.
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Asimismo, el tribunal sustentó que el peligro de fuga del procesado se encuentra plenamente vigente y agravado. La resolución enfatizó la existencia de una condena previa de 11 años y 5 meses por el delito de conspiración para la rebelión, sumado al asilo político concedido a su entorno familiar inmediato por parte del Gobierno de México.
De acuerdo con el documento judicial, la complejidad del caso abarca un esquema denominado macroinvestigación que involucra a más de 90 investigados.
Las diligencias incluyen la revisión de expedientes técnicos en diversos municipios del país, lo cual justifica la necesidad de mantener la medida cautelar para asegurar la presencia del imputado.
El fallo de la máxima instancia judicial determinó que el requerimiento del Ministerio Público cumple con los requisitos del artículo 274 del Código Procesal Penal. Foto: GEC / Alessandro Currarino
El Ministerio Público atribuye a José Pedro Castillo Terrones el presunto liderazgo de una organización criminal de estructura vertical y piramidal que habría operado desde el Poder Ejecutivo.
Las investigaciones señalan que la red delictiva buscaba copar instituciones públicas para gestionar contrataciones irregulares y obtener beneficios económicos mediante el abuso del poder público.
Las pesquisas abarcan supuestos actos ilícitos en tres sectores estratégicos: Petroperú S.A., el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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En el caso de la entidad petrolera, la fiscalía investiga el nombramiento de funcionarios para favorecer a empresas privadas en la adquisición de biodiésel por un perjuicio de US$ 2′342,349.54.
Respecto al sector de transportes, las indagaciones del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria registran el presunto cobro de comisiones ilegales del 0.5% en la licitación del proyecto Puente Tarata III.
En tanto, las acciones en el sector vivienda involucran la emisión del Decreto de Urgencia n.° 102-2021 para priorizar obras en municipios vinculados a la red investigada.
