La Junta Nacional de Justicia (JNJ) citó a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que brinde un informe oral el 22 de enero en el contexto del proceso disciplinario en su contra por no acatar la disposición que ordenaba reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema del Ministerio Público en 2025.
La JNJ informó que Espinoza tendrá 10 minutos para realizar sus descargos y que, si no pudiera intervenir, puede designar a un abogado para ejercer su defensa.
La entidad, a su vez, precisó que la audiencia, programada para las 10:30 am, será transmitida por sus plataformas digitales y quedará grabada en video para adjuntarse al expediente, con el fin de garantizar los principios de transparencia.
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Este proceso disciplinario tiene como instructora a la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, quien en su informe final propone la destitución de Espinoza por haber cometido “faltas muy graves”.
Según este informe, Espinoza habría desobedecido la resolución de la JNJ que ordenaba que Patricia Benavides retomara sus funciones como fiscal suprema titular, además de que habría realizado presuntos actos irregulares para mantenerse como fiscal de la Nación.
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También, se le acusa de presuntamente negarse a cumplir sus funciones como fiscal suprema, debido a que no recibió a Benavides cuando esta acudió al Ministerio Público ni convocó de inmediato a la Junta de Fiscales Supremos.
Asimismo, se le atribuye a Espinoza de presuntamente haber incumplido su deber de defender la legalidad y hacer cumplir la Constitución, así como de “la ausencia de una reacción institucional mínima, orientada a encauzar, ordenar o resolver la situación generada por la presencia de una Fiscal Suprema que acudía a exigir la ejecución de un mandato vigente”.
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También, se le imputa la supuesta “generación, tolerancia o no neutralización de conductas colectivas del personal institucional que, por su magnitud, duración y localización estratégica, produjeron un efecto obstructivo concreto, alterando la normal dinámica del Ministerio Público e impidiendo, en los hechos, la ejecución del mandato emitido por la Junta Nacional de Justicia”.
Ante estos cargos, Cabrera sostuvo que la destitución es la sanción adecuada para proteger la autoridad de las decisiones de la entidad constitucional y asegurar que la función fiscal suprema se ejerza con legalidad y responsabilidad.
Sede la Junta Nacional de Justicia. Foto: Andina
