El presidente José María Balcázar retrocedió en sus declaraciones sobre la compra de aviones para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y afirmó que aún no se ha definido el modelo de aeronave, pese a que horas antes había indicado públicamente que el país optaría por los F-16 Block 70 de Estados Unidos.
En un comunicado difundido por la Presidencia, el Ejecutivo precisó que el proceso de adquisición “aún no ha finalizado” y que la selección del proveedor se realizará una vez culminadas todas las etapas establecidas en la normativa vigente. El pronunciamiento marca un cambio respecto a lo señalado previamente por el mandatario, quien incluso atribuyó la decisión al gobierno anterior.
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Ejecutivo detalla proceso y evita confirmar modelo
Según el documento oficial, la compra de aeronaves para la FAP se inició durante el gobierno de Dina Boluarte, continuó en la gestión de José Jerí y se mantiene en curso en la actual administración. En ese sentido, el Ejecutivo remarcó que se trata de un proceso que contempla diversas fases técnicas, presupuestales y de control.
Entre estas etapas figuran la evaluación de ofertas por parte de la institución aérea, la revisión del caso por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA), la recomendación de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas y la opinión de la Contraloría General de la República del Perú, antes de la negociación y firma del contrato.
Comunicado de Presidencia.
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Cambio de versión en medio del debate
El giro en la posición del Ejecutivo se produce en medio de cuestionamientos sobre el costo de la eventual compra y las diferencias entre las alternativas evaluadas, particularmente en términos de cantidad de aeronaves y capacidades operativas.
Mientras en la mañana se daba por definida la elección de los F-16, el comunicado posterior evita confirmar cualquier modelo específico y recalca que la decisión final será anunciada solo cuando el proceso haya concluido.
Finalmente, la Presidencia sostuvo que el procedimiento se ha venido desarrollando “de manera estricta” conforme a la normativa, y que cualquier anuncio oficial se realizará una vez culminadas todas las etapas.
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¿F-16 es el modelo elegido por la FAP?
El general FAP en retiro Alfonso Artadi señaló a Gestión que el modelo de aeronave que se perfila como opción -el F-16 en su variante Block 70- sí formaba parte de las alternativas evaluadas previamente por la Fuerza Aérea del Perú, lo que evidencia que la decisión se enmarcaría dentro de un proceso técnico previo.
“El sistema F-16 con la variante ‘block 70’ sí estaba dentro de las opciones clasificadas y propuestas por la Fuerza Aérea”, indicó.
No obstante, precisó que la definición final no recae únicamente en la institución aérea, sino que responderá a un lineamiento adoptado al más alto nivel del Estado.
“La Fuerza Aérea, así sea el actor principal, necesita tener una orientación estratégica al respecto”, afirmó.
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En esa línea, explicó que la FAP presentó una terna de alternativas y que la decisión fue canalizada a través del Consejo de Defensa Nacional. “Se debe tener una orientación de todos los involucrados del Estado […] determinando cuál sería el sistema de armas a adquirir dentro de las tres alternativas propuestas”, agregó.
Finalmente, señaló que dicho lineamiento ya habría sido formalizado y remitido al Ministerio de Defensa del Perú y posteriormente a la institución aérea para continuar con el proceso.
Uno de los principales puntos de debate es el costo frente a la cantidad de aeronaves. El presupuesto inicial contempla alrededor de US$ 3,500 millones para la adquisición de 24 aviones; sin embargo, la alternativa que se perfiló más temprano implicaría obtener aproximadamente 12 unidades por un monto similar.
Si bien en este tipo de compras no solo se evalúa el número de aeronaves, sino también el paquete integral -que incluye armamento, mantenimiento, entrenamiento y soporte logístico-, reducir a la mitad de la flota exige una justificación técnica y económica sólida. De lo contrario, según especialistas, podría abrirse un cuestionamiento sobre la eficiencia del gasto público y la coherencia entre el requerimiento inicial y la decisión final.
