La jornada electoral del 12 de abril, en donde los peruanos volvíamos a las urnas para elegir a nuestro próximo presidente, congresistas (ahora para la cámara de senadores y diputados) y parlamentarios andinos, se manchó tras reportarse una serie de inconvenientes que afectaron el curso del proceso.
En varios centros de votación en distritos de Lima Metropolitana se reportó que en horas de la mañana mesas de sufragio no fueron instaladas debido a que el material electoral no llegó. Esto ocasionó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), extienda el proceso hasta el lunes 13 de abril en las 13 sedes donde no los ciudadanos no emitieron su voto.
La ONPE ha responsabilizado públicamente a la empresa transportista (Servicios Generales Gálaga) por el incumplimiento en el traslado a Lima Sur.
Esta situación no solo ha causado incomodidad entre los electores, si no que ha mostrado debilidad institucional en medio de una constante crisis política.
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El costo de las elecciones y fallas logísticas
Si bien la ONPE no ha publicado aún el costo final desagregado “solo” para las elecciones generales del 12 de abril, sí se conocen los montos de presupuesto que el Ejecutivo le transfirió para organizar los comicios de 2026. De los más de S/ 704 millones que recibió ONPE y JNE, S/ 588 millones fueron destinados a la ONPE específicamente para la organización y desarrollo de los procesos electorales de 2026.
Con este presupuesto se busca asegurar el desarrollo del proceso electoral. Sin embargo, entre las empresas contratadas para el despacho de material estaba Servicios Generales Gálaga, que ya acumulaba más de 3.6 millones de soles en penalidades y sanciones por otros contratos públicos.
La docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Karla Gaviño, consideró que los graves problemas logísticos registrados en la última jornada electoral respondieron a deficiencias administrativas y decisiones tardías, pero no alcanzan para hablar de invalidez del proceso ni de fraude.
Precisó que nunca en una elección se ha logrado abrir el 100% de mesas y que estas fallas, más que un tema político para alterar resultados, revelaron debilidades estructurales en la capacidad del Estado para realizar un operativo logístico de gran escala.
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El impacto no se limita al terreno político. La reiterada inestabilidad política y social, sumado a los episodios de desorden institucional, alimentan la incertidumbre económica y frenan la toma de decisiones de los inversionistas.
En este contexto, los agentes económicos prefieren esperar a que se despeje el panorama electoral y se disipen las acusaciones sin pruebas antes de comprometer recursos a nuevas inversiones.
“Se ha estado entregando más presupuesto del que realmente se podría como actividades de gasto corriente, como pago de salarios, entre otros, bonos, entre otros. El tema del manejo fiscal es delicado”, señaló la especialista.
A nivel internacional, el episodio refuerza la imagen de un país con alta informalidad, con muchos candidatos y elecciones muy fragmentadas, pero con un Estado y una administración electoral que no se encuentra preparada para un proceso crucial para la democracia.
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A modo de ejemplo, cita que un inversionista que observe recortes presupuestales a la ONPE, contratos mal diseñados, alertas de Contraloría desatendidas y allanamientos fiscales el día de la elección, difícilmente se sentirá interesado a invertir en el país.
“Es importante que salgamos de esta situación con madurez, que el Perú y su institucionalidad pública pueda hacerle frente a lo que ha ocurrido, salir de ello con prontitud, con madurez, y eventualmente que se apliquen todas las acciones que corresponden”, acotó la especialista.
Elecciones 2026 gente votando, Fotos: Joel alonzo/ @photo.gec
Sistema democrático más fragmentado
Los problemas del proceso electoral reciente generarán una fuerte afectación a la democracia y a la confianza ciudadana. Más allá de cómo se solucionen los hechos puntuales, el daño principal recae en la credibilidad del sistema electoral, ya que la ciudadanía está interpretando las demoras y desórdenes como indicios de fraude o manipulación, aun cuando no exista evidencia de ello.
El conteo y la publicación de resultados por parte del organismo electoral se hace de forma transparente, subiendo las actas conforme llegan, pero primero se reciben las de zonas urbanas y de Lima. Esto provoca que, en un inicio, se vea una ventaja de los candidatos más fuertes en la capital y las ciudades, mientras que el apoyo a candidatos con mayor votación en zonas rurales y del sur aparece recién cuando avanzan los cómputos.
En la práctica, esto significa que el candidato que aparece adelante al comienzo puede terminar empatado o incluso ser superado cuando se llegue al 100% del conteo, escenario que genera sospechas y acusaciones, sobre todo de parte de personas que ya desconfían del sistema previamente.
Javier Albán, profesor y especialista en temas electorales de la UP, enfatizó que los hechos observados obedecen principalmente a una negligencia “terrible” y a un nivel de diligencia inaceptable por parte de las autoridades electorales, más que a un plan deliberado para alterar los resultados.
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De cara a los próximos procesos, como las elecciones municipales y regionales de octubre, se puede anticipar una “merma” significativa de la confianza en las autoridades electorales. Por ello, será indispensable una respuesta muy transparente una vez concluido este proceso: explicar con detalle qué ocurrió y por qué, investigar a fondo, establecer responsabilidades y renovar tanto equipos como protocolos.
“Eso es urgente, para que se pueda recuperar algo de la confianza que de todas maneras se ha perdido, se ha afectado”, acotó el especialista.
Otro elemento llamativo de esta elección fue la instalación de mesas en parques y espacios públicos abiertos, situación que se vio en las Elecciones de 2021 realizadas durante la pandemia, pero que ahora pone sobre la palestra la idoneidad de los locales de votación.
La falta de coordinación suficiente para asegurar el uso de instituciones educativas y otros recintos adecuados muestra la necesidad de reforzar la articulación entre el organismo electoral y el Ejecutivo. Por ello, Albán precisó que convenios más sólidos con sectores como Educación y un soporte técnico especializado en contrataciones podrían prevenir la repetición de estos errores en los comicios regionales y municipales también a realizarse este año.
Bachiller en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, con seis años de experiencia en prensa radial, escrita, digital e instituciones públicas.
