Los candidatos Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Rosario Fernández (Un Camino Diferente) y Mario Vizcarra (Perú Primero) presentaron sus principales propuestas en materia de seguridad ciudadana durante su participación en el debate electoral. El intercambio se desarrolló en el bloque centrado en la lucha contra la criminalidad y la extorsión, uno de los temas prioritarios en la actual campaña.
En su intervención, Vizcarra describió el contexto de inseguridad que enfrenta el país al señalar que “hoy en día millones de peruanos viven en eterna zozobra por la inseguridad ciudadana” y remarcó que “ya no podemos vivir con el miedo, eso tiene que acabar”.
Como parte de sus propuestas, planteó establecer un régimen de excepción con apoyo de las Fuerzas Armadas, así como la construcción de cárceles de alta seguridad en la selva para recluir a delincuentes peligrosos, afirmando que “es la única manera que podemos sacarlos de ese círculo vicioso”.
Asimismo, el candidato de Perú Primero rechazó la pena de muerte para delitos graves al considerar que “creemos de que eso es una medida demagógica”. En su lugar, propuso endurecer las condiciones penitenciarias y fortalecer el sistema de inteligencia policial.
“Tenemos que empezar a trabajar bien y en serio” y “se tiene que incrementar fuertemente el servicio de inteligencia en la Policía Nacional”, sostuvo, al tiempo que planteó el uso de denuncias anónimas para combatir organizaciones criminales.
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Por su parte, Caller presentó una propuesta orientada a medidas de mayor contundencia frente a la delincuencia. El candidato señaló que su eventual gobierno “declarará la guerra contra la criminalidad” y planteó que “las Fuerzas Armadas asuman el orden y el control del orden interno”, en referencia a un mayor rol militar en la seguridad interna.
Entre sus planteamientos, también incluyó reformas en el sistema penitenciario, como la transformación de cárceles en espacios productivos, así como medidas vinculadas al fortalecimiento de la Policía Nacional y el uso de herramientas tecnológicas para la lucha contra el crimen organizado.
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En tanto, Fernández centró su intervención en cuestionar el funcionamiento de las instituciones del sistema de justicia. “Nuestra realidad está corrupta”, afirmó, y sostuvo que “Toda la delincuencia, toda la información, toda la organización criminal sale del INPE (Instituto Nacional Penitenciario)”, al referirse al rol de los centros penitenciarios en la articulación de redes criminales.
La candidata también abordó el impacto de la extorsión y señaló que “la extorsión no está en la calle, la extorsión está en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, que nos tiene sometidos a un secuestro de sus leyes”, planteando la necesidad de reformas estructurales en dichas entidades para enfrentar el problema desde su origen.
El bloque evidenció diferentes enfoques frente a la inseguridad ciudadana, con propuestas que combinan medidas de control, reformas institucionales y estrategias de inteligencia, en un contexto marcado por la preocupación ciudadana ante el avance de la criminalidad.
