Tras la promulgación de la ley que modifica la definición del crimen organizado, que fue criticada por el Ministerio Público y otras instituciones debido a que podría generar un impacto directo en los diversos casos y procesos en curso, la bancada de Perú Libre presentó otra iniciativa legislativa que viene generando polémica.
Esto, a pesar que actualmente la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ya tiene la potestad de evaluar el desempeño de estos magistrados y, de ser el caso, sancionarlos y destituirlos.
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La propuesta, impulsada por el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, plantea agregar el numeral 25 en el Literal a) del artículo 35 del reglamento de la institución a fin de crear dicho grupo de trabajo.
En la exposición de motivos de la norma, se precisa que se busca fortalecer la labor de fiscalización que realiza el Legislativo a la función de los jueces y fiscales a nivel nacional, conforme a los alcances facultados por la Constitución.
Además, se advierte que “el sistema de justicia en el Perú presenta una crisis de confianza”, al recordar una encuesta de Datum publicada el 13 de marzo pasado, en la cuál se advirtió que el 85% de los peruanos no confían en el Poder Judicial.
“La aprobación de la presente propuesta fortalecerá al Estado, ya que la incorporación de la comisión de fiscalización de la función de jueces y fiscales mejora la integridad y confianza en el sistema de justicia del país. Esto es crucial para que, a través de la supervisión, se puedan detectar y prevenir oportunamente los actos de corrupción, como sobornos o tráfico de influencias”, añade la propuesta.
Esto, según refiere la norma, lograría que los jueces y fiscales rindan cuentas por sus acciones y decisiones y, por ende, se protegerían los derechos de los ciudadanos.
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Esta iniciativa legislativa ya generó el rechazo de las autoridades del Ministerio Público y Poder Judicial, quienes exigieron a la presidenta Dina Boluarte que la observe en caso sea aprobada por el Congreso, de lo contrario, advirtieron que interpondrán las acciones legales del caso.
Sin embargo, no es la única propuesta que afecta a jueces y fiscales en agenda del Pleno del Congreso o la comisión de Justicia y Constitución.
Las otras iniciativas que generarán controversia
Además de la propuesta de Cerrón, Gestión pudo identificar otros 9 proyectos de ley y/o dictámenes que generarán controversia.
La mayoría de estas propuestas fueron presentadas por Perú Libre (PL), partido que se encuentra investigado en el Ministerio Público por pertenencia a una organización criminal y cuyo líder principal, Vladimir Cerrón, se encuentra prófugo de la justicia desde octubre del año pasado tras ser sentenciado a tres años y seis meses de prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’.
En junio pasado, la comisión de Justicia aprobó una iniciativa que tipifica como “faltas muy graves” para jueces y fiscales el generar detenciones “arbitrarias”, así como modifica el cálculo de la indemnización por errores judiciales.
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A su juicio, los jueces “aceptan todo lo que piden los fiscales” mientras que estos últimos “acusan para ver qué encuentran” sin tener mayor sustento en sus recursos.
El dictamen se encuentra en la agenda del Pleno, pero aún no ha sido discutido en dicha instancia. Otra iniciativa en la misma situación es la propuesta que busca crear la Escuela Nacional de la Magistratura en reemplazo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
En la lista también destaca el proyecto de ley que crea una comisión especial para analizar las disposiciones fiscales y fallos judiciales que ordenen la libertad de detenidos, investigados y/o acusados, el que busca procesar a jueces y fiscales por el delito de prevaricato en cualquier jurisdicción a nivel nacional, así como la iniciativa que busca declarar en emergencia el Ministerio Público y suspender a los fiscales supremos.
Todos estos proyectos deberán ser analizados en la comisión de Justicia, que actualmente es presidida por Isaac Mita, de Perú Libre.
En paralelo, hay otro grupo de proyectos de ley en agenda del Parlamento que afectan la labor y trabajo que realizan los jueces y fiscales, como por ejemplo, el dictamen que le permite a la Policía investigar algunos delitos, la propuesta para que la prisión preventiva no pueda extenderse más de 12 meses en casos de organización criminal, entre otras más.
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“Legisladores podrían ser susceptibles de una denuncia penal”
En diálogo con Gestión, el abogado constitucionalista Erick Urbina consideró que el Congreso, con la presentación de estos proyectos de ley, lo único que está haciendo es “devolver el golpe al Ministerio Público y Poder Judicial”; sin embargo, advirtió que es un arma de doble filo porque podría tener consecuencias jurídicas.
En ese sentido, adelantó que lo que corresponde es que estos organismos, en primer lugar, emitan una opinión técnica rechazando estas iniciativas y, posteriormente, interpongan las acciones de inconstitucionalidad respectivas ante el Tribunal Constitucional (TC) con la finalidad de derogarlas.
“Además de una sanción en el ámbito político, que sí podría darse porque esto es una infracción a la Constitución, si se demuestra que hay una intención subalterna que busca beneficiar a algunos o alguna persona en específico, (los legisladores que presentaron los proyectos) sí pueden ser susceptibles también de una denuncia penal por entorpecimiento de la justicia, así como por tráfico de influencias”, indicó al referirse al caso de Waldemar Cerrón.
Respecto al proyecto para crear una comisión fiscalizadora de jueces y fiscales, Urbina remarcó que es una medida inconstitucional al recordar que los jueces solo responden a través de sus sentencias y los fiscales a través de los actos que la ley y Constitución lo permiten.
“Someterlos a una suerte de juicio es claramente inconstitucional. Creo que haría bien la comisión de Justicia y de Constitución archivarlos inmediatamente”, enfatizó.
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“Hay un abierto conflicto de interés”
Por su parte, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Omar Awapara, advirtió que hay una tendencia en este último Congreso de ciertamente “invadir los fueros o buscar controlar otros poderes del Estado”.
“Lamentablemente mucho de eso tiene que ver, y no es casualidad ni coincidencia, con que haya más de 80 congresistas con carpetas fiscales abiertas, o que sean parte de investigaciones o denuncias judiciales. Hay un abierto conflicto de interés de parte de algunos congresistas que promueven el debilitamiento de instancias de investigación y acusación judicial, pensando probablemente en su futuro y en cómo protegerse una vez que pierdan sus curules”, cuestionó en conversación con este diario.
Si bien reconoció que hay muchos problemas en general con la Fiscalía y el Poder Judicial, precisó que estos intentos que buscan aparentemente reformar o mejorar estas instituciones “lo que en realidad hacen es camuflar los intereses muy personales y particulares de buscar un amparo o protección judicial en el futuro corto”.
“Las encuestas muestran de que no hay ninguna agrupación política que reciba respaldo popular, mas bien, hay un repudio y rechazo a los principales actores políticos. La tasa de reelección y apoyo que vayan a tener los partidos va a ser muy pobre, porque la ciudadanía va a castigar este comportamiento. Lo ha hecho antes y lo hará de nuevo. Va a pasarle un alto costo en términos electorales en la próxima elección. Dudo mucho de que le vayan a dar el voto”, remarcó tras señalar que el bicameralismo podría ser una especie de freno a estos ímpetus de parte de algunos legisladores.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
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