El Poder Judicial confirmó el mandato de prisión preventiva por 24 meses dictado contra el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, investigado por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, en el marco del proceso que se le sigue por un supuesto esquema de financiamiento ilícito de su partido político y otras conductas delictivas.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Cerrón Rojas, que buscaba sustituir la prisión preventiva por una comparecencia con restricciones, y ratificó la medida coercitiva en todos sus extremos contra el actual candidato presidencial.
Como parte de sus argumentos, la defensa sostuvo que se había realizado “una incorrecta valoración de los elementos probatorios” para sustentar la prisión preventiva. Asimismo, alegó que no se tomaron en cuenta resoluciones judiciales que declaraban el “sobreseimiento” por el presunto delito de lavado de activos, ni una pericia contable de julio de 2021 “que arroja ausencia de desbalance patrimonial”.
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Sin embargo, la sala penal concluyó que “no es posible restar fortaleza al material probatorio que sostiene los fundados y graves elementos de convicción de la prisión preventiva, pese a que el sobreseimiento en el otro caso versa sobre un periodo que también se corresponde en parte con el periodo objeto de investigación en el presente caso”.
En esa línea, el colegiado precisó que “asimismo, se debe considerar que el periodo no coincide en su totalidad, pues en el periodo investigado en el presente caso es el 2008 al 2021, mientras que el caso sobreseído mediante Resolución N.º 4, del 26 de junio del 2025, es por el periodo 2007 al 2017, lo que implica una diferencia de cuatro años”.
“En suma, todo lo expuesto conlleva a considerar que la Resolución N.º 6, del 04 de diciembre del 2025, no ha caído en ningún vicio de motivación aparente y ha valorado adecuadamente los elementos traídos a debate por la defensa técnica, desestimándolos con una fundamentación pertinente, toda vez que se trataron de elementos que no cumplían con el requisito de novedad o no resultaron ser suficientes para subvertir el carácter grave y fundado de todos los otros elementos de convicción que sostienen la prisión preventiva. En consecuencia, corresponde confirmar la resolución venida en grado en todos sus extremos”, concluyó la sala.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Foto: Captura.
¿Cómo se habría configurado el delito que imputa la Fiscalía?
De acuerdo con el Ministerio Público, en este caso se investiga la presunta existencia de una organización criminal que habría operado al interior de Perú Libre y que habría sido liderada por Vladimir Cerrón, “quien habría proyectado un plan delictivo, el cual tendría como primer paso necesario lograr sus objetivos, el fundar y registrar una organización política, con la finalidad de obtener el poder político del Gobierno Regional de Junín y otras entidades distritales o provinciales de dicha región”.
“Como parte de la ejecución del primer paso, se tiene la inscripción de fecha 13 de agosto de 2008 en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones del Movimiento Regional “Movimiento Político Regional Perú Libre”, del departamento de Junín, y posterior a ello la elección de Vladimir Roy Cerrón Rojas como Gobernador de la Región Junín durante el periodo comprendido desde el año 2011 hasta el año 2014”, señala la Fiscalía.
Según la tesis fiscal, el “segundo paso del plan delictivo” habría consistido “en la colocación de dirigentes, militantes, simpatizantes o familiares [...] en cargos o puestos de confianza y con una cuota de poder determinada lo que permitiría que estos puedan ejecutar diversas actividades criminales previas a través de sub organizaciones criminales como es el caso de ‘Los Dinámicos del Centro’ o ‘Tiranos del Centro’”, entre otros.
En relación con Vladimir Cerrón, la Fiscalía sostiene que, “además de ser fundador” de la presunta organización criminal, se habría encargado de “dirigir, coordinar, ordenar y ejecutar la comisión de diversos actos de lavado de activos junto a los miembros de la organización criminal, entre los cuales se encuentran funcionarios, servidores, militantes, simpatizantes y familiares cercanos a estos”.
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“Es así que, luego de captar el dinero maculado proveniente de diversos ilícitos penales ejecutados por otras sub organizaciones criminales (...), se habría tenido como fin que éste sea utilizado y transformado mediante actos de conversión, transferencia y ocultamiento para financiar con dicho dinero maculado las diversas campañas políticas del Partido Político Nacional Perú Libre, la adquisición de bienes muebles e inmuebles a favor de la organización política o de personas ligadas a este, el incremento patrimonial de forma injustificada”, refiere el Ministerio Público, y añade: “Así como financiar los pagos, servicios y gastos de los miembros de la Organización Criminal en sus distintos procesos legales y judiciales que tuvieran los integrantes de la organización”.
