
El Gobierno de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, planteó trasladar a internos procesados o sentenciados por delitos de menor peligrosidad, entre ellos quienes cumplen prisión por omisión de asistencia familiar, a hangares temporales acondicionados en instalaciones militares que se encuentran en desuso.
Según información del Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP), a mayo de 2026, 2672 personas se encontraban recluidas por incumplimiento de la obligación alimentaria: 710 procesadas y 1962 con sentencia efectiva.
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En ese sentido, la propuesta contempla identificar espacios adecuados y habilitar instalaciones temporales que permitan albergar de manera segura a internos de mínima peligrosidad o que no hayan cometido delitos violentos, bajo estrictas medidas de seguridad y control.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que el Ministerio de Defensa viene coordinando la habilitación de hangares en desuso para el traslado de internos de menor peligrosidad.

Más control para los delitos más graves
El paquete de medidas también plantea restringir beneficios que permiten reducir las penas por terminación anticipada para los delitos de extorsión, sicariato y secuestro.






