Según el requerimiento acusatorio, PPK aprovechó su condición de ministro de MEF y presidente del Consejo Directivo de Proinversión para sostener reuniones con Jorge Barata, a fin de favorecer los intereses de la constructora Odebrecht. Foto: Andina.
Según el requerimiento acusatorio, PPK aprovechó su condición de ministro de MEF y presidente del Consejo Directivo de Proinversión para sostener reuniones con Jorge Barata, a fin de favorecer los intereses de la constructora Odebrecht. Foto: Andina.

El presentó ante el Poder Judicial la acusación fiscal contra el por el presunto delito de colusión en agravio del Estado, en el marco del proceso de concesión del Eje Multimodal Amazonas Norte (IIRSA Norte) entre 2003 y 2005.

La acusación, formulada por la fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, incluye también a Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, José Ortiz, entre otros exfuncionarios vinculados al proyecto.

Para Kuczynski y Ortiz se ha solicitado una pena de ocho años y medio de prisión, mientras que para Bravo, Pasco-Font, Glodomiro Sánchez, David Lemor, René Cornejo, Aldo Bresani y Vicente Campodónico la petición es de nueve años.

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El sostiene que, durante su gestión como ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Directivo de Proinversión (2004-2005), Kuczynski habría sostenido reuniones con Jorge Barata con el fin de favorecer los intereses de la constructora Norberto Odebrecht —posteriormente Concesionaria IIRSA Norte S.A., junto con Andrade Gutiérrez y Graña y Montero— en la adjudicación de la buena pro y la firma del contrato de concesión.

Equipo Lava Jato presenta acusación contra Pedro Pablo Kuczynski y solicita más de ocho años de prisión por caso IIRSA Norte. Foto: Fiscalía.
Equipo Lava Jato presenta acusación contra Pedro Pablo Kuczynski y solicita más de ocho años de prisión por caso IIRSA Norte. Foto: Fiscalía.

Según el requerimiento acusatorio, este presunto favorecimiento generó un perjuicio económico para el Estado valorizado en US$ 108 439 773.97.

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Esta es la acusación número 31 para control de legalidad, un hito que —según la Fiscalía— reafirma el compromiso institucional en la persecución del delito.

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