La Defensoría del Pueblo desplegará a 14,000 comisionados en todo el país para supervisar el desarrollo de la segunda vuelta electoral de este 7 de junio, en una estrategia que busca evitar los problemas registrados durante la primera vuelta, especialmente en el traslado y distribución del material electoral.
Durante una conferencia de prensa, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, aseguró que la institución realizará una supervisión permanente en coordinación con los organismos electorales y enfatizó que los inconvenientes ocurridos semanas atrás no volverán a repetirse.
“Ya no pasará lo que ocurrió en la primera vuelta”, sostuvo el funcionario al referirse a la distribución del material electoral. Explicó que la Defensoría acompañará el despliegue logístico de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y verificará que las cédulas, ánforas y demás materiales lleguen oportunamente a los centros de votación.
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Según detalló, el viernes la mayor parte de los locales de sufragio del país ya deberá contar con el material electoral, mientras que la supervisión continuará hasta la víspera de la jornada electoral en Lima y Callao.
Asimismo, informó que la Defensoría ha suscrito recientemente un convenio con el Ministerio Público para fortalecer las labores de prevención y vigilancia durante los comicios, así como el seguimiento a eventuales incidencias que puedan presentarse durante el proceso.
La Defensoría del Pueblo informó que desplegará 14,000 comisionados para supervisar el 100% de locales y mesas de sufragio durante la segunda vuelta electoral. Foto: Defensoría. Foto: Andina.
Conflictividad social y riesgos para la elección
Gutiérrez señaló que la institución ha mantenido un monitoreo permanente de diversos conflictos sociales que podrían haber afectado el traslado del material electoral, entre ellos las protestas de productores arroceros, bloqueos de carreteras y el anunciado paro de transportistas.
En ese sentido, destacó la participación de la Defensoría en espacios de diálogo que permitieron desbloquear vías y garantizar el tránsito de los vehículos encargados de la logística electoral.
“Acompañamos una negociación en Trujillo porque se había bloqueado una carretera por problemas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Finalmente se logró liberar la vía para que continúe el traslado del material electoral”, indicó.
El defensor también saludó la decisión de los gremios de transportistas de suspender las medidas de fuerza previstas para esta semana, lo que, a su juicio, contribuye a reducir riesgos para el normal desarrollo de la elección.
Universidades y cambios de locales de votación
Otro de los desafíos identificados por la Defensoría fueron los conflictos registrados en diversas universidades públicas utilizadas como centros de votación.
Gutiérrez mencionó los casos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y la Universidad Nacional de Ucayali, donde se registraron protestas estudiantiles o tomas de instalaciones.
Según explicó, la Defensoría intervino como mediadora para evitar que las autoridades electorales tengan que trasladar los locales de votación a otros espacios. Añadió que en la mayoría de los casos ya se alcanzaron acuerdos, mientras que en Ucayali aún se desarrollan conversaciones para mantener el centro de sufragio en el campus universitario.
Supervisión en el exterior
Uno de los anuncios más relevantes fue que, por primera vez, la Defensoría del Pueblo supervisará el desarrollo del proceso electoral peruano en el extranjero.
Para ello, la entidad ha establecido una coordinación con la Cancillería y realizará seguimiento a la atención brindada en los consulados donde votarán ciudadanos peruanos residentes fuera del país.
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“El proceso electoral se desarrollará en 63 países y 218 centros de sufragio en el exterior. Por primera vez habrá una entidad del Estado peruano dedicada a supervisar las actuaciones de los consulados durante una elección”, afirmó.
Gutiérrez indicó además que la institución contará con una sala especial de monitoreo desde Lima para recibir reportes de incidencias y coordinar respuestas rápidas durante toda la jornada electoral.
Por primera vez, la institución realizará seguimiento al desarrollo del proceso electoral peruano en consulados y centros de votación ubicados en el extranjero. Foto: Cancillería.
Recuperar la confianza
El titular de la Defensoría sostuvo que el despliegue nacional responde también a la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en el proceso electoral.
“La garantía la dan la Reniec, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones, pero como eso ha sido puesto en cuestión, nosotros estamos colaborando de manera directa dentro de nuestras competencias para devolverle la confianza a la ciudadanía”, manifestó.
Añadió que los comisionados estarán presentes en los centros de votación, oficinas descentralizadas de la ONPE y puntos críticos identificados previamente, con el objetivo de verificar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y sin contratiempos.
