El vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP),Miguel Guimaraes, cuestionó la falta de acciones concretas del Estado para proteger a los líderes indígenas, tras el asesinato del líder ashéninka Américo Pascuala, ocurrido mientras realizaba labores de vigilancia territorial en Ucayali.
El domingo 23 de agosto Américo Américo Pascual Tumisha, líder ashéninka de 57 años y exjefe de la comunidad nativa Onconashari fue encontrado sin vida en el distrito de Yurúa, provincia de Atalaya, región Ucayali.
Getoshy Pérez Quiñonez, dirigente de la Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral de Yurúa (Aconaysh), señaló a RPP que Américo Pascual Tumisha presuntamente fue asesinado de un disparo en la espalda cuando fue a monitorear la aparente presencia de desconocidos que se encontraban extrayendo ilegalmente aceite del árbol de copaiba, ubicado en territorio de la comunidad.
Guimaraes lamentó la muerte de Pascuala y señaló que, con este caso, ya serían 38 los líderes indígenas asesinados en el país, según el registro que maneja su organización. Advirtió que las comunidades continúan expuestas a actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extracción ilegal de recursos naturales.
El domingo 23 de agosto Américo Américo Pascual Tumisha, líder ashéninka de 57 años y exjefe de la comunidad nativa Onconashari fue encontrado sin vida en el distrito de Yurúa, provincia de Atalaya, región Ucayali. (Foto: GEC Archivo)
Amenazas contra dirigentes indígenas
Guimaraes sostuvo que las comunidades han denunciado previamente amenazas contra dirigentes indígenas, pero cuestionó que las medidas de protección implementadas por el Estado no se traduzcan en una presencia efectiva dentro de los territorios.
Explicó que una de las principales dificultades es la ubicación remota de las comunidades. En algunos casos, los dirigentes deben desplazarse durante uno, dos o hasta tres días para llegar a una comisaría y presentar una denuncia.
Comunidades afrontan narcotráfico y minería ilegal
El vicepresidente de AIDESEP indicó que el asesinato de Pascuala estaría relacionado con un grupo de personas que realizaba extracción ilegal de aceite de copaiba dentro del territorio de la comunidad nativa de Onconashari.
Sin embargo, advirtió que esta no es la única amenaza. Señaló que las comunidades también enfrentan la presencia de organizaciones vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas, cuyos integrantes tendrían acceso a armas de largo alcance.
Guimaraes explicó que los comités indígenas de monitoreo territorial realizan patrullajes sin armamento y, en muchos casos, con recursos limitados, lo que los coloca en una situación de evidente vulnerabilidad frente a grupos criminales.
Falta de comunicación dificulta las denuncias
El dirigente también señaló que varias comunidades carecen de señal telefónica e internet, lo que impide comunicar oportunamente situaciones de riesgo a las autoridades.
Ante esta situación, AIDESEP viene implementando módulos de comunicación con internet y paneles solares en comunidades consideradas de mayor riesgo. Según Guimaraes, ya se han instalado más de 300 módulos, aunque reconoció que todavía resulta insuficiente frente a las más de 2,400 comunidades que forman parte de la estructura organizativa indígena.
Asimismo, afirmó que las propias organizaciones indígenas deben gestionar combustible, embarcaciones y otros recursos para facilitar el ingreso de policías y autoridades a las zonas donde se reportan hechos ilícitos.
