
La Comisión de Constitución del Congreso aprobó un dictamen mediante el cual se fija en 13% el porcentaje único del aporte pensionario correspondiente a los trabajadores del sector público comprendidos en el régimen del Decreto Ley 20530.
El texto sustitutorio se aprobó durante la sesión que el grupo de trabajo desarrolló esta mañana, con la conducción de su presidente, el legislador Arturo Alegría.
De este modo, se modifica el artículo 1 de la Ley 28047, Ley que actualiza el porcentaje de aporte de los trabajadores del régimen pensionario 20530.
“El aporte para las pensiones a cargo de los trabajadores del Sector Público Nacional comprendidos en el régimen previsional a que se refiere el Decreto Ley 20530 asciende al 13% de la remuneración”, indica la modificatoria.
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El dictamen aprobado contiene también una disposición complementaria final en donde se precisa que los aportes aplicados y descontados antes de la entrada en vigor de la presente ley mantienen su validez y eficacia.
“No pueden exigirse devoluciones en caso de que dichos aportes hubieran superado el 13% de la remuneración”, se precisa continuación.
Cabe señalar que el texto original de la Ley 28047, del año 2003, establecía que el aporte para las pensiones a cargo de los trabajadores comprendidos en el régimen del DL 20530 se incrementaría gradualmente, de un 13% a partir del 1 de agosto de ese año, a un 20 % para el año 2006; y a un 27% hacia el año 2009.
En los fundamentos del dictamen se precisa que dicho aspecto fue materia de una sentencia del Tribunal Constitucional en donde se concluyó que, al haberse efectuado una reducción progresiva del monto de pensión a percibir por este grupo de trabajadores, el aumento progresivo del aporte resultaba “desproporcionado, sobre todo, respecto de aquellos trabajadores cuya remuneración es más reducida”, por lo que se declaró su inconstitucionalidad.
Al sustentar el dictamen, Alegría García señaló que la iniciativa no reabre el régimen pensionario ni incorpora nuevos beneficios. En ese sentido, indicó que la propuesta únicamente “se limita a fijar un porcentaje uniforme y objetivo que elimine la incertidumbre normativa”, conforme a lo advertido por el TC.








