
La Comisión de Defensa del Congreso sesionó este lunes 4 de mayo con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, quien solicitó que la reunión continúe en carácter reservado para abordar el proceso de adquisición de aviones de combate para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
El pedido se dio en el marco de la convocatoria realizada al jefe del Gabinete, al canciller Carlos Pareja y al ministro de Defensa, Amadeo Flores, quienes fueron citados para informar sobre la “situación actual de las negociaciones para la adquisición de aeronaves de combate”, en medio de la controversia generada por recientes declaraciones del presidente José María Balcázar.
Cabe precisar que la comisión, presidida por la congresista Karol Paredes, había intentado abordar el tema días antes, pero los ministros no pudieron asistir, según indicaron, por razones de fuerza mayor.
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Solicitud de sesión reservada
Durante su intervención inicial, el premier Arroyo enfatizó la urgencia de renovar la flota aérea del país, señalando que las actuales aeronaves han alcanzado niveles críticos.
“Hoy la vida útil de nuestras aeronaves está próxima a su límite, la disponibilidad operativa es cada vez más restringida y la capacidad de disuasión aérea del país se encuentra muy comprometida”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que no se trata de una decisión opcional, sino de una necesidad vinculada a la seguridad nacional. Por ello, solicitó que la sesión continúe de manera privada, a fin de detallar aspectos técnicos y estratégicos del proceso.
“El carácter sensible del proceso, incluyendo las capacidades actuales, amerita que la sesión continúe como reunión reservada para brindar los detalles con la amplitud y responsabilidad que el tema exige”, indicó.

Proceso en marcha desde 2014
El titular de la PCM recordó que el proceso de modernización de la flota aérea se remonta al 2014, cuando el Estado reconoció la necesidad de cerrar una brecha crítica en defensa.
Desde entonces, explicó, se han realizado evaluaciones técnicas y comparaciones internacionales que no lograron concretarse en su momento. No obstante, el proyecto de inversión pública tomó mayor impulso desde el 2022 y se consolidó a partir del 2025 mediante decretos de urgencia.
Arroyo detalló que el plan contempla la adquisición de 24 aeronaves de combate, bajo un cronograma aprobado por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena), integrado por 10 altos funcionarios del Estado, incluido el presidente de la República.
Según precisó, el cronograma se ha cumplido y el 22 de abril se ejecutó un primer desembolso de US$ 462 millones.
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Declaraciones tras la sesión
Al término de la reunión, el premier Arroyo reiteró que el Ejecutivo acudirá al Congreso las veces que sea necesario y defendió la transparencia del proceso.
“Hemos concurrido al Congreso como debe ser, porque la Constitución lo manda así. Acudiremos todas las veces que sean necesarias. Se ha explicado detalladamente cómo ha sido el proceso. Fue largo, llegó a nueve administraciones presidenciales. Catorce años prácticamente estamos en este proceso”, señaló a los medios de prensa.
El jefe del Gabinete insistió en que la adquisición responde a una necesidad operativa de la FAP y que el cronograma se ha cumplido estrictamente.
“La Fuerza Aérea lo necesitaba realmente, su capacidad operativa estaba muy baja. Se les ha explicado el proceso, cronograma que se ha cumplido escrupulosamente y que se ha pagado en la fecha establecida, y la empresa ganadora ya está trabajando”, indicó.
Asimismo, rechazó versiones sobre supuestas irregularidades en la compra. “Son aviones nuevas, todas las piezas y conjuntos recién lo están haciendo. Se descarta todo lo que venían hablando, que son usados, que en otros países está más barato y su precio es muy competitivo en el mundo”, afirmó.
En esa línea, aseguró que el procedimiento se realizó conforme a las normas vigentes. “No fue una compra a dedo, es un procedimiento que se ha empleado en secreto militar y se ha escogido la mejor oferta como se ha establecido”, agregó.
Contexto y controversia
La compra de aviones de combate ha generado un intenso debate político luego de que el presidente José María Balcázar anunciara que no se concretará la adquisición de aviones F-16 a Estados Unidos, argumentando la necesidad de priorizar recursos para sectores como salud, educación y agua potable.
Sus declaraciones derivaron en la renuncia de los titulares de Relaciones Exteriores y Defensa, además de generar cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Semanas después, el mandatario también denunció que el proceso se habría desarrollado de manera “secreta” durante el gobierno anterior, señalando que se excluyó a otros países como Francia y Suecia, así como a instancias clave como el Ministerio de Economía y Finanzas.
Cuando había un punto de quiebre para decidir entre opciones, se cerró el proceso a favor de Estados Unidos, afirmó en una entrevista reciente.







