
En medio de una intervención policial que incluyó detenciones y momentos de tensión, el Poder Judicial ejecutó este viernes el retiro de tres portones instalados en el condominio de propiedad de la empresa Villaverde Company S.A.C., vinculada a Zamir Villaverde, en Cerro Azul (Cañete), tras una orden emitida por el Tribunal Constitucional (TC).
La diligencia se desarrolló en la playa Las Conchitas —zona Los Lobos—, donde los accesos habrían sido bloqueados por estructuras metálicas y elementos de concreto que, según los vecinos, obstaculizaban el libre tránsito hacia la franja costera. El TC dispuso la remoción de los portones como parte de la ejecución de una sentencia de hábeas corpus.
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El mayor C. Moreno, quien encabezó la intervención, señaló que la presencia policial responde al cumplimiento de una disposición judicial. “En un acápite de la resolución ya está dispuesto”, sostuvo, en alusión al mandato del TC.
Reprogramación y resistencia a la medida
La ejecución fue reprogramada tras un primer intento que no prosperó la semana pasada, debido a la oposición de representantes de la empresa. De acuerdo con el Oficio N° 447-2025-ALC/MDCA, la Corte Superior de Justicia de Cañete reiteró el cumplimiento del fallo del TC, otorgándose un plazo de siete días hábiles para remover los portones instalados en la avenida Soriano, módulo Las Conchitas.
“El apoyo policial, previsto inicialmente para el 28 de noviembre, se reprogramó para el 5 de diciembre”, precisa el documento oficial, luego de que se constatara el incumplimiento de los demandados, pese a resoluciones previas que ordenaban el retiro.
Durante la intervención, Zamir Villaverde objetó la diligencia señalando presuntas inconsistencias en la ubicación del inmueble.
“Yo necesito que ella diga que es en el kilómetro 126. Voy a colaborar siempre y cuando el kilómetro que diga la jueza es el 126. Quiero leer eso, no puedes ejecutar sin ello”, manifestó.

Diligencia con tensión y detenciones
En el lugar estuvieron presentes la jueza del caso —que requirió resguardo policial durante la diligencia—, el alcalde distrital de Cerro Azul, José Pain, representantes de la empresa y un contingente de la Policía Nacional.
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Durante la operación se registraron enfrentamientos verbales y forcejeos entre agentes y personal de seguridad, que derivaron en detenciones por presunto desacato a la orden del TC.
La Policía dispuso un cordón para impedir interferencias y permitir el ingreso de maquinaria pesada. Después de varios minutos, las estructuras fueron derribadas.








