Escribe: Mercedes Araoz, profesora investigadora de la Universidad del Pacífico
El reciente cambio de Gobierno, en pleno proceso electoral, vuelve a colocar a la economía peruana ante un riesgo conocido: el deterioro de expectativas. No se trata solo de volatilidad política; se trata de cómo esa volatilidad afecta decisiones de consumo, inversión y financiamiento en un contexto de recuperación aún frágil. Peor aún cuando el nuevo encargado de la Presidencia tiene una visión política y económica que no comulga con la Constitución que promueve la economía social de mercado y sus socios en el Congreso, aparentemente, lo apoyaron por prebandas. Desde una mirada técnica, los riesgos económicos se centran en cuatro frentes: sostenibilidad fiscal, riesgos contingentes, ejecución de inversión y clima de negocios.
Sostenibilidad fiscal y regla macro fiscal: El Perú cerró el 2025 con un déficit fiscal en torno a 2.2% del PBI, tras un esfuerzo de consolidación respecto al pico observado en la pandemia. La deuda pública bruta se mantiene alrededor de 33% del PBI, muy por debajo del promedio regional (superior a 60%), lo que constituye un activo macroeconómico relevante. Sin embargo, este espacio no es infinito. En año electoral, la presión por mayor gasto corriente -bonos, ampliaciones de planilla, programas sin evaluación ex ante- tiende a intensificarse. Si el déficit se desviara hacia niveles cercanos a 3%–3.5% del PBI sin una senda clara de convergencia, la prima de riesgo soberano podría ampliarse. Un aumento de 50 a 100 puntos básicos en el costo de financiamiento del Tesoro no solo encarece la deuda pública; se traslada al crédito corporativo y al hipotecario, afectando inversión y consumo. La señal clave es el respeto a la regla fiscal y a la trayectoria de consolidación anunciada. La credibilidad se construye con cumplimiento.
Riesgos contingentes y reestructuración de Petroperú: La petrolera estatal representa uno de los principales riesgos fiscales contingentes. Petroperú ha requerido en los últimos años apoyos financieros explícitos y garantías que, de materializarse plenamente, podrían representar varios puntos del PBI. La reciente aprobación de una nueva estructura orgánica y medidas de reconversión apuntan a mejorar gobernanza y eficiencia.
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Interrumpir, politizar o revertir ese proceso en plena transición generaría un efecto dominó: mayor percepción de riesgo soberano, presión sobre la calificación crediticia y encarecimiento del financiamiento externo. En economías abiertas como la nuestra, el deterioro de expectativas se traduce rápidamente en tipo de cambio más volátil y postergación de proyectos de inversión. Por ello, la reciente salida de la gerente general de la petrolera, Rita López, y la designación de Gustavo Villa en su reemplazo es una señal negativa.
Otros riesgos contingentes son los varios proyectos de ley que promueven retiros adicionales de los fondos de las AFPs y con mayor gravedad, retiros de la ONP, además de afectar el sistema previsional, los costos fiscales actuales y futuros son enormes. En el caso de Petroperú, el principio técnico es claro: gobernanza corporativa profesional, metas financieras verificables y transparencia en los pasivos contingentes. En el caso de los retiros, ni uno más.
El mayor activo del Perú ha sido su reputación de prudencia. Perderla tendría un costo tangible en crecimiento, empleo y bienestar. (Foto: Andina)
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Parálisis administrativa e inversión pública: La inversión pública representa alrededor de 5% del PBI y cumple un rol contracíclico. Sin embargo, cada cambio abrupto de autoridades genera retrasos en la toma de decisiones, rotación de equipos y temor a firmar. La ejecución puede caer varios puntos porcentuales en el segundo semestre si no se asegura continuidad administrativa. Una reducción de un punto del PBI en inversión pública tiene efectos multiplicadores sobre empleo y actividad en construcción y servicios conexos. Además, retrasa el cierre de brechas en infraestructura, afectando productividad potencial. La transición debería fijar metas mensuales de ejecución y fortalecer el seguimiento de proyectos estratégicos, especialmente en transporte, saneamiento y salud.
Inversión privada y proceso electoral: La inversión privada -cercana al 17% del PBI- es particularmente sensible a la incertidumbre regulatoria. Si el discurso político incorpora propuestas de cambios abruptos en reglas de juego, revisión de contratos o mayor intervención discrecional, la respuesta racional de las empresas es esperar. Esa espera se traduce en menor crecimiento y menor recaudación.
El Perú mantiene fundamentos sólidos: inflación en rango meta, un sistema financiero capitalizado y reservas internacionales robustas -Gracias BCR- . Pero los fundamentos no sustituyen la confianza.
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Agenda mínima en la transición
Un Gobierno de transición responsable debería: (i) reafirmar explícitamente el compromiso con la estabilidad macrofiscal; (ii) blindar técnicamente la reestructuración de Petroperú; (iii) asegurar continuidad en la ejecución de inversión pública; y (iv) evitar iniciativas de gasto permanente sin financiamiento sostenible. En tiempos electorales, la tentación del corto plazo es grande. Sin embargo, el mayor activo del Perú ha sido su reputación de prudencia. Perderla tendría un costo tangible en crecimiento, empleo y bienestar. La economía puede resistir la política; lo que no resiste es la erosión sostenida de la credibilidad.
