Petroperú en campaña

La reestructuración de Petroperú, iniciada por el presente gobierno y liderada desde ProInversión, tiene hoy opositores fácilmente identificables. Destaca la estridencia en redes de sus voceros, de los sindicatos y trabajadores, como reflejo de sus obvios intereses. También se nota la oposición de algunos políticos trasnochados de izquierda o anquilosados en el tiempo. Algunos de ellos dirigieron el país cuando la empresa comenzó a entrar en “trompo”.

Si la situación de Petroperú ya era riesgosa y financieramente frágil en el 2021, el desastre se inició en el gobierno de Castillo, cuando se nombra a una administración (¿recuerdan a Hugo Chávez como gerente general?) que desarrolla una errada política de precios de combustibles, destinada a recuperar agresivamente participación de mercado y expulsar a los importadores luego de la para de la antigua refinería, lo que termina “quemando” la caja de la empresa. Como consecuencia, aumenta la deuda financiera y con proveedores, hasta que se queda sin petróleo crudo por falta de pago. En el camino, se pelea con su auditor, la clasificadora de riesgo, y el sistema financiero le cierra el caño. Y esa es la razón del primer rescate de varios. ¡Un desastre de manejo empresarial! Y, según datos de Ipsos de inicios de este año, solo el 6% de los encuestados justificaba el apoyo a Petroperú, frente a opciones alternativas de usar estos recursos en educación, salud o seguridad.

¿Por qué ha llegado Petroperú a este estado calamitoso? Vale la pena recordar que el Proyecto Modernización Refinería Talara (PRMT) fue autorizado por la Ley 30130 del 2013 a propuesta del Ejecutivo, y aprobado con 94 votos a favor. La inversión se subvaluó al inicio, probablemente para evadir controles y restricciones. Se despiezó para avanzar sin unidades auxiliares clave, como de energía y gases industriales, que son necesarias para su funcionamiento. Fue mal financiada desde el principio con recursos de corto plazo, que recién pudieron convertirse en un paquete a largo plazo a mediados del 2017.

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En las discusiones en las que me tocó participar, quedaba claro que la empresa iba a estar altamente endeudada, y que, bajo la lógica de minimizar el daño, los recursos adicionales generados por la nueva capacidad de refinación iban a permitir pagar los mayores costos financieros. El principal se tenía que refinanciar más adelante por supuesto. Paralelamente, se establecieron modificaciones a la gobernanza empresarial, con mayor transparencia e iniciativas anticorrupción, todas ellas desmontadas. Con el COVID-19, el proyecto se complicó, pero aun así se logró mantener algo de control. La primera, de muchas “piedras”, se colocó en mayo del 2014.

Luego de ello, sucesivas administraciones tomaron decisiones equivocadas que han abusado de la garantía implícita del Estado y ahora quieren venir por más. Algunos intentos de revertir la situación por miembros del gobierno y de la propia empresa fueron boicoteados por Dina Boluarte como “madrina política” de Petroperú. Y la empresa fue exitosa “capturando” el Minem.

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Hoy hay que tomar decisiones basadas en evidencia. Existe una larguísima lista de decisiones erradas y de mal manejo empresarial que requiere ser corregida y revertida para no seguir poniendo dinero de nuestros impuestos en un barril sin fondo.

Quienes aspiren a manejar de manera sensata el país a partir de julio, seguramente desean que la solución de esa “papa caliente” sea encaminada por este gobierno. Si logra sus objetivos, le dará más grados de libertad al siguiente gobierno para proseguir con un manejo económico sano.