Por Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto. A pocas semanas del cambio de Gobierno, conviene plantear con seriedad cómo duplicar la producción de cobre en la próxima década. Esta es una de las apuestas que será discutida en la 27 edición del World Mining Congress 2026, que se celebra esta semana en Lima. La transición energética ha vuelto al cobre y a otros minerales críticos, insumos indispensables de la electrificación. Pero cumplir esa meta no depende solo de factores geológicos, sino de la competitividad del sector. La discusión suele centrarse en la carga regulatoria, en la aceptación social de los proyectos, en la gestión de la conflictividad, pero rara vez se examina una variable igualmente decisiva: el acceso a energía barata y confiable.
La extracción, el procesamiento, el bombeo y la ventilación exigen un suministro continuo y predecible. Según el Fraser Institute, la energía representa entre el 15% y el 40% de los costos operativos de una mina y, en muchas casos, supera los costos laborales. El desafío se agrava conforme los yacimientos se vuelven más profundos y de menor ley. La evidencia de Chile y Australia (Calvo et al., 2016) indica que reducir la ley del cobre de 0.4% a 0.2% puede multiplicar por siete la energía requerida por unidad producida. Sin energía competitiva y firme, los proyectos geológicamente atractivos no se desarrollan.
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Frente a sus competidores, el Perú parte de una posición favorable por su mezcla de minería y energía. Chile lidera la generación solar y alcanza costos muy bajos, pero su éxito renovable generó nuevos cuellos de botella: congestión de transmisión, vertimiento de energía limpia y un precio industrial comparativamente alto. Australia, con gas doméstico abundante y un mercado eléctrico sofisticado, confirma que el gas ancla los precios, aunque su tarifa refleja una integración renovable todavía en curso. Nuestro país, con el precio promedio, articula el gas de Camisea a precios regulados, una base hidroeléctrica firme y energía renovable en expansión. Sin embargo, ninguna ventaja sobrevive sin infraestructura resiliente que depende, también, de la redundancia en el transporte, del refuerzo de la transmisión, de la inversión aguas arriba y de la predictibilidad regulatoria.
El gas natural no compite con las renovables no convencionales. Por el contrario, las habilita. Conforme crece su penetración, el sistema necesita respaldo firme que cubra la intermitencia con flexibilidad y a costo predecible. Modelos de sistemas eléctricos estiman que se necesitan entre 200 y 300 MW de capacidad firme por cada GW renovable, incluso con almacenamiento. Mantener una porción moderada de capacidad a gas (del orden del 15 al 25%) reduce el costo total del sistema entre 30 y 40% frente a un esquema dependiente de sobreinstalación y almacenamiento masivo. Esa ventaja, conviene precisarlo, es mayor en el corto y mediano plazo, y se estrecha conforme caen los costos de las baterías.
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El argumento ambiental refuerza la complementariedad, con una salvedad. Un estudio de Libélula, consultora peruana especializada en cambio climático y sostenibilidad, estima que desde la entrada en operación de Camisea y hasta el año 2030, se evitarían unas 102 millones de toneladas de CO₂ equivalente, y se reducirían los óxidos de nitrógeno en 63%, el dióxido de azufre en 92% y el material particulado fino en 76%. Para la minería subterránea y las comunidades vecinas, esa mejora del aire es parte de la licencia social que ha decidido la suerte de tantos proyectos. El beneficio climático, no obstante, es condicional: depende de mantener las fugas de metano por debajo del 3.2%, un punto que la política pública suele soslayar.
La ventaja del gas exige que el recurso sea no solo abundante, sino disponible. Sin embargo, si la producción declina antes de lo previsto, toda la arquitectura híbrida exigiría una revisión estructural. De ahí la urgencia de reactivar la exploración: poner en valor los lotes 57 y 58, hoy subexplotados, y ofrecer términos competitivos que sostengan la oferta más allá de 2040.
De este diagnóstico se desprende un plan de acción concreto para el próximo Gobierno y las autoridades sectoriales:
- Garantizar la disponibilidad del gas: redundancia y ampliación de la red de transporte, y almacenamiento subterráneo o de GNL para contingencias y picos estacionales.
- Reactivar la inversión en exploración: certeza regulatoria, exploración y términos competitivos para sostener Camisea y poner en valor los lotes 57 y 58.
- Reforzar la transmisión eléctrica: la integración renovable a escala requiere líneas; la lección chilena es que la energía limpia se desperdicia cuando la red no la evacúa.
- Llevar el gas al sur minero: corredores de GNL para operaciones fuera del alcance del ducto.
- Ordenar la regulación: adoptar un escenario híbrido balanceado como referencia en el Ministerio de Energía y Minas, reconocer al gas como habilitador de la transición en la legislación de seguridad energética y simplificar la permisología.
El Perú no necesita elegir entre ser competitivo y ambientalmente sostenible. Su dotación de recursos permite ambas cosas, de manera secuencial y pragmática, siempre que se invierta en la infraestructura que convierte el recurso en energía confiable y segura. Duplicar la producción de cobre es posible, pero esa meta demanda una política nacional energética equilibrada que saque provecho de sus ventajas competitivas.
