Escribe: Omar Mariluz, periodista.
Hay una escena que se repite en los pasillos del poder cada vez que la popularidad aprieta: un ministro anuncia una obra de miles de millones y firma un convenio con algún gobierno extranjero. Se siente bien, genera titulares y alimenta la ilusión de que el cemento está por llegar. El problema es que, cuando se apagan las cámaras, alguien en el MEF tiene que revisar la caja y se da cuenta de que estamos comprando un Ferrari con el sueldo de una mototaxi.
Esa es la tragedia que hoy enfrentamos con los famosos acuerdos de Gobierno a Gobierno (G2G). Lo que nació como una herramienta ágil para los Panamericanos se convirtió en la droga de elección de una clase política incapaz de gestionar el sistema público. Hoy, el Perú tiene comprometidos 241 proyectos que suman la escalofriante cifra de S/106,000 millones.
La ministra de Economía, Denisse Miralles, por un lado, admite que hay que “renegociar” porque la trayectoria fiscal simplemente no aguanta el peso de tanto sueño acumulado. Por otro, ante el pánico de los inversionistas y la presión de las naciones aliadas, el MEF ha tenido que ratificar su compromiso con la Nueva Carretera Central y el Puente Santa Rosa. Dicen que el presupuesto está, que están revisando las propuestas técnicas para no romper el equilibrio fiscal. Pero entre el “compromiso” y el contrato firmado hay un abismo que los mercados ya empezaron a medir.
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El Gobierno comprometió más de S/106,000 millones en proyectos bajo la modalidad de Estado a Estado sin tener el presupuesto asegurado. (Foto: Andina)
El caso del Puente Santa Rosa es, quizá, el monumento más honesto a nuestra falta de seriedad. El puente de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se construye como una pieza de Lego olvidada en medio de la nada. La ministra asegura que el proyecto sigue firme, pero la verdad es que hoy no existe un contrato firmado para la Vía Expresa Santa Rosa, ese viaducto elevado que debería conectar el aeropuerto con la Costa Verde.
Esta ligereza para firmar documentos con potencias como Francia o el Reino Unido no es gratuita. En el mundo de los negocios internacionales, la “renegociación” por falta de fondos se traduce en una sola palabra: arbitraje. El Perú, que tanto se jactó de su solvencia, hoy se expone a ser visto como un cliente moroso y conflictivo.
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El MEF intenta sacudirse la responsabilidad apuntando al gobierno de Pedro Castillo. Y razón no le falta: aquel fue el periodo donde se firmó casi cualquier cosa con tal de sobrevivir un día más. Pero la continuidad del Estado es implacable. Las empresas de talla mundial no firmaron con un presidente, firmaron con la República del Perú. Y esa República hoy les dice que “espérenme un ratito que voy a ver si me alcanza”.
La ironía es punzante. Nos vendieron los G2G como la garantía de eficiencia y transparencia, la vacuna contra la corrupción y la demora estatal. Pero resulta que la eficiencia para diseñar una obra no sirve de nada si no hay eficiencia para financiarla.
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Lo que queda es un panorama de incertidumbre. Si el Gobierno decide seguir adelante con todo para evitar los arbitrajes, romperá la regla fiscal y pondrá en riesgo el grado de inversión que tanto nos costó ganar. Si decide frenar y renegociar, nos lloverán demandas que terminarán costando lo mismo o más que las obras mismas. Es el jaque mate de la demagogia. Ojalá alguien le avise a los políticos que el papel aguanta todo, pero el tesoro público no.
Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.
