La reciente crisis del gas natural ha reabierto una pregunta central que aún no tiene respuesta clara: ¿se trató de un evento de fuerza mayor o de un incumplimiento atribuible a TGP? A la fecha, las causas del incidente –una deflagración en el ducto de gas– siguen sin esclarecimiento público definitivo, lo que impide cerrar el debate.
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Mientras el Osinergmin evalúa si corresponde calificar el evento como fuerza mayor, el Ejecutivo ha tomado una posición distinta. El presidente José Balcázar ha señalado que hubo “falta de previsión” y que TGP debe asumir las pérdidas derivadas de la crisis. Más allá de lo que afirma el mandatario, de la calificación técnica final dependerá quién absorbe los costos económicos.
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Sin embargo, como advierte Roberto Santiváñez, presidente de la Asociación de Consumidores de Gas, a El Comercio incluso si se declara la fuerza mayor, ello no necesariamente exime a la empresa de sus obligaciones contractuales y TGP podría ser pasible de numerosas demandas.
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El contrato, afirma el especialista, exige garantizar una disponibilidad del 99% del ducto, lo que implica contar con redundancia. Si la interrupción se extendió por casi dos semanas, ¿se cumplió realmente con ese estándar? ¿Existía un sistema preparado para enfrentar contingencias graves?
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La discusión, en ese sentido, trasciende el incidente puntual. Como sostiene el asesor legal de SDF Energía Paul Súmar a Gestión, el problema revela una debilidad estructural: un sistema con baja resiliencia, dependiente de un solo ducto que atraviesa una geografía compleja y operado por un único concesionario.
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Aquí el rol del regulador resulta ineludible. El Osinergmin no solo debe determinar responsabilidades, sino también rendir cuentas sobre la eficacia de su supervisión. Si en el 2025 se realizaron decenas de inspecciones sin observaciones, ¿qué falló? ¿La supervisión, los estándares o el propio diseño del sistema?
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Se trata, además, de un monopolio natural. Y ello implica mayores obligaciones, tanto para el operador como para el Estado. Como advierte Súmar, esta condición exige reglas más claras de control, acceso y tarifas. No hacerlo genera asimetrías y debilita la capacidad de supervisión.
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Con el servicio restablecido, el debate puede perder impulso. Pero esta vez no debería ser así. Porque más allá de la calificación del evento, lo ocurrido expone un riesgo crucial. En un sistema energético, el gas no puede faltar. Y si falta, alguien debe responder, incluso cuando el marco legal deje, aparentemente, zonas grises.
