El 31 de marzo, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, sustentó ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso el proyecto de nueva ley orgánica del Ministerio Público (también conocido como Fiscalía de la Nación), que fue elaborado de “manera participativa” a iniciativa de la propia entidad, por una comisión que creó en noviembre del 2025. Pero resulta que ya existía un proyecto de ley sobre la misma materia, que databa de septiembre del 2024, que fue elaborado por una comisión liderada por la entonces fiscal suprema titular Delia Espinoza –quien el año pasado fue inhabilitada por el Congreso, siendo fiscal de la Nación, y reemplazada por Gálvez–.
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Da la impresión que se busca aplicar a la exfiscal la práctica de la antigua Roma llamada “condena de la memoria” (damnatio memoriae) que consistía en eliminar todo recuerdo de un enemigo, de eliminar su legado. Pero Espinoza seguirá presente en la vida pública del país, pues en marzo fue elegida decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), cargo que ejerce desde el lunes de la semana pasada, habiéndose convertido en la primera mujer en ocuparlo en la bicentenaria historia del CAL. Y ese mismo día expresó sus cuestionamientos al proyecto de ley de Gálvez, centrándose en un punto crucial.
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Se trata de la autonomía de los fiscales, reconocida por la Constitución en igualdad de condiciones que la autonomía de los jueces. Espinoza explicó que en el Poder Judicial no existe un esquema en el que los jueces supremos “comanden todo lo que hacen” los jueces de menor jerarquía, pero que en la Fiscalía se quiere imponer tal esquema –que los fiscales de mayor rango intervengan en el trabajo de los demás–. También pidió un debate más amplio del proyecto de ley, que incluya a gremios profesionales y operadores jurídicos.
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La Asociación Nacional de Magistrados del Perú, que agrupa a jueces y fiscales, se pronunció en contra de la posible eliminación de la especialidad de familia, la cual permite contar con fiscales capacitados en temas sensibles como alimentos, tenencia, tutela y protección de derechos fundamentales, lo que debilitaría los enfoques de género, niñez y derechos humanos. El gremio también ha precisado que el proyecto de ley podría comprometer la institucionalidad y autonomía de la Fiscalía.
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¿Escucharán los congresistas estas alertas y convocarán a la sociedad civil para debatir el proyecto de Gálvez? En estos casi cinco años en el poder han aprobado leyes importantes al caballazo, incluidas múltiples modificaciones a la Constitución. Así que es probable que sigan sin escuchar.
