De la caótica jornada electoral del domingo, ya pasados dos días, al menos puede constatarse algo positivo: la participación ciudadana alcanzó el 81.3%, un salto relevante frente al 70% registrado en el 2021 (conteo rápido de Ipsos). En un contexto de fragmentación política y desconfianza institucional, el dato no es menor. Sugiere que, pese a las limitaciones del sistema, el votante peruano ha decidido involucrarse más activamente en el proceso democrático.
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Parte de esta mayor movilización podría explicarse por la memoria reciente. En el 2021, la elección presidencial que ganó Pedro Castillo se definió por apenas 44,263 votos de diferencia. Ese margen mínimo no solo generó cuestionamientos al sistema aquella vez (con ecos que se sienten hasta hoy), sino que dejó instalada la percepción de que cada voto, literalmente, cuenta. En ese sentido, la respuesta ciudadana en este 2026 parece haber internalizado esa lección.
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Sin embargo, el aumento en la participación contrasta con problemas en la organización del proceso, más allá de los que ya conocemos. A nivel nacional, el despliegue de miles de mesas de sufragio volvió a poner en evidencia la alta dependencia del sistema electoral respecto de infraestructura prestada, principalmente instituciones educativas. Cuando estas no están disponibles (ya sea por condiciones inadecuadas o la negativa de sus propietarios), la solución, como indicó la Defensoría del Pueblo, fue trasladar la votación a espacios abiertos.
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No es un dato menor: más de 184,000 ciudadanos en Lima votaron en parques, cocheras y losas deportivas. Si bien la ONPE logró adaptar estos espacios con módulos, seguridad y señalización, la situación plantea preguntas de fondo. ¿Puede garantizarse en todos los casos las condiciones adecuadas de orden, seguridad, privacidad y accesibilidad? ¿Es razonable que un proceso electoral de esta escala dependa de soluciones contingentes?
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A ello se suman otros factores observados durante la jornada: concentración de mesas en grandes locales, reubicaciones por motivos de seguridad en algunas regiones y tensiones logísticas previsibles, ante las cuales la pasividad de la entidad ya ha ocasionado que se inicien investigaciones. Nada de esto anuló el desarrollo de la elección, pero sí expone sus límites.
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Aquí emerge un punto clave. Mientras la ciudadanía cumple, y esta vez lo hizo mejor, el sistema requiere ajustes. Ello implica revisar no solo los criterios de asignación de locales de votación, sino también el marco legal que regula su disponibilidad. ¿Qué incentivos existen para que instituciones privadas cedan sus espacios? ¿Qué ocurre cuando no lo hacen?
El contraste es claro: un votante más comprometido frente a un sistema que aún opera bajo restricciones materiales y normativas. Resolver esa brecha aún es una tarea pendiente.
