Plan. La presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra la Criminalidad 2026–2028 por parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) debería haber sido un punto de quiebre, el despliegue de una hoja de ruta técnica y un frente contra la inseguridad ciudadana en el país. Sin embargo, lo que la población recibió la semana pasada fue, en el mejor de los casos, un anuncio protocolar y, en el peor, una nueva muestra de la desconexión entre el Gobierno y la realidad de las familias.
A pesar de que el documento se promociona como la herramienta matriz para ejecutar acciones inmediatas contra la criminalidad organizada, el “secretismo” y la falta de detalles específicos han sembrado más dudas que certezas entre la ciudadanía.
Se dice que el plan se discutirá en el Consejo de Ministros, pero mientras un primer borrador pasa de mano en mano para buscar consensos, la población sigue sin recibir un solo anuncio importante sobre cómo se le protegerá desde hoy.
La reciente entrevista del premier Ernesto Álvarez en Gestión (16.02.2025) solo ha confirmado que el Estado parece atrapado en una parálisis administrativa. Al señalar que el plan se dará a conocer “próximamente” y que aún se están “generando consensos” con autoridades, el Poder Ejecutivo admite que no tiene una estrategia lista para activar.
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Lamentablemente, el crimen no espera a que los funcionarios terminen de ponerse de acuerdo; el crimen avanza mientras el Estado delibera.
Esta parafernalia en los mensajes, desprovista de acciones concretas, deja al descubierto una carencia estructural: la ausencia de cuadros técnicos y expertos de alto nivel capaces de transformar un diagnóstico en una operación táctica de respuesta rápida.
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Para estos casos, no basta con voluntad política; se requieren gerentes de seguridad que sepan mover los engranajes del Estado con la celeridad que la emergencia demanda.
“No basta con voluntad política; se requieren gerentes de seguridad que sepan mover los engranajes del Estado con la celeridad que la emergencia demanda”. (Foto: Andina)
El factor tiempo es, además, un juez implacable de esta gestión. Con una moción de censura encima y a tan solo dos meses de la primera vuelta electoral, este Gobierno corre el riesgo de entregar un plan que nazca muerto, sin presupuesto ni legitimidad política para sostenerlo. La inseguridad no concede treguas electorales ni espera transiciones de mando.
Es imperativo que el Ejecutivo abandone el lenguaje de las promesas a futuro. El “próximamente” es un lujo que un país golpeado por este flagelo no se puede permitir. Si el plan 2026-2028 no empieza a mostrar dientes de inmediato, no será recordado como una solución, sino como el último suspiro de una gestión que se quedó en el anuncio mientras el país perdía la batalla en las calles.
