En el Perú la política ha dejado de operar como un espacio de deliberación y se ha desplazado claramente hacia una lógica transaccional. Lo ocurrido con la salida del Gabinete de Denisse Miralles así lo refleja: en paralelo a una campaña electoral en curso, se disputan posiciones, influencias y el respaldo a medidas populistas. Y ante ello, la gobernabilidad queda en segundo plano.
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En ese contexto, el rol del Congreso resulta especialmente problemático. En las últimas semanas, el pleno ha aprobado medidas que implican un aumento del gasto público cercano a los S/ 7,000 millones anuales, según ha advertido el Consejo Fiscal (CF) en entrevista con El Comercio. Se trata de la extensión de beneficios a trabajadores CAS y modificaciones al régimen previsional de la Caja Militar Policial.
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En este último caso, se reinstala un esquema similar a la “cédula viva”: los incrementos salariales del personal en actividad se trasladan automáticamente a los pensionistas. Esto genera obligaciones crecientes que el Estado no puede sostener sin comprometer sus cuentas. El CF ha sido claro: estas decisiones presionan el déficit y empujan la deuda hacia una trayectoria difícil de corregir.
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Pero el problema no se limita al impacto fiscal. Diversas bancadas del Congreso adelantaron su negativa al voto de confianza sin escuchar la exposición de la ex primera ministra. La decisión se tomó antes de conocer el contenido del plan del Ejecutivo. Bajo esas condiciones, el desenlace era previsible. Miralles no tenía margen para obtener respaldo político. Su renuncia –a solicitud del presidente José Balcázar–, presentada un día antes de acudir al Parlamento, habría respondido a ese escenario.
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El Ejecutivo, sin embargo, tampoco queda al margen de la crítica. Miralles, pese a cuestionar de las iniciativas legislativas, en entrevista con RPP dejó abierta la posibilidad de no observar las normas aprobadas. En un contexto de presión fiscal evidente, esa señal debilita la posición del Gobierno. La propuesta de aplicar los beneficios de manera gradual implicó aceptar el problema sin resolverlo. Sin embargo, esa concesión no modificó la posición del Congreso. Y no era la primera vez que cedía.
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Hoy, con un nuevo Gabinete encabezado por Luis Arroyo, se abre una etapa breve. Corresponde que el Congreso escuche antes de decidir y deje de colocar al país al borde del abismo. Otorgar o negar la confianza exige, al menos, deliberación previa. No podemos seguir arrastrando la incertidumbre. Hay que reencauzar el país hacia algo parecido a la estabilidad lo antes posible.
