La decisión del Gobierno de imponer clases virtuales en los colegios privados de Lima y Callao por la crisis del gas natural revela algo más profundo que una simple medida de emergencia: muestra, una vez más, la facilidad con la que el Estado termina trasladando a los ciudadanos el costo de sus propias debilidades.
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El argumento oficial es que reducir la movilidad ayudará a disminuir el consumo de combustible y permitirá administrar mejor las reservas de gas mientras se repara el ducto de Camisea. Pero detrás de esa explicación hay una decisión que parece más orientada a dar la impresión de que el Gobierno está haciendo algo que a resolver el problema de fondo. En lugar de concentrarse en la gestión energética (donde muestra que sabe hacer poco o nada) y en los mecanismos de contingencia, el Ejecutivo opta por cerrar escuelas privadas.
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Las advertencias han sido inmediatas. Unicef expresó su preocupación por el impacto que esta medida puede tener en la vida de niñas, niños y adolescentes, recordando lo que ya quedó demostrado durante la pandemia: la educación virtual deteriora los aprendizajes básicos y afecta la salud emocional de los estudiantes. El organismo también señaló que muchas familias y escuelas no están preparadas logística ni pedagógicamente para volver a esta modalidad.
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Los gremios educativos han sido claros. La Asociación de Colegios Privados advirtió que la virtualidad no es una alternativa equitativa para todos, porque miles de estudiantes no cuentan con conectividad ni con equipos adecuados. En otras palabras, la medida también es socialmente regresiva.
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La preocupación también llega desde el sector empresarial. La Confiep ha señalado que una crisis energética no debería resolverse generando problemas adicionales en la educación ni en la actividad productiva. Cuando una política pública termina multiplicando los daños de la crisis que pretende administrar, es difícil sostener que se trata de una decisión bien diseñada.
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Todo esto ocurre, además, a pocos días del inicio del año escolar en el sector público, cuando más de seis millones de estudiantes deberían volver a las aulas. Y lo harán en un sistema educativo que ya arrastra problemas estructurales graves: infraestructura deteriorada, brechas de aprendizaje acumuladas desde la pandemia y precariedad institucional.
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El episodio también revela la fragilidad política del Gobierno. Las declaraciones de Keiko Fujimori advirtiendo que su bancada podría negar el voto de confianza al Gabinete si no se anula la medida muestran hasta qué punto el Ejecutivo depende del ánimo del Congreso.
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En suma, el problema no es solo la virtualidad de una semana. El problema es que frente a una crisis energética el Estado vuelve a improvisar, elige el camino más fácil y termina afectando a quienes menos capacidad tienen de absorber esos costos: los estudiantes. Y en un país donde la educación ya está en crisis, esa no debería ser nunca la primera opción.
