En menos de 24 horas, el Gobierno mostró una cadena de contradicciones difícil de sostener. El presidente interino, José María Balcázar, insistió en postergar aspectos de la compra de aviones F-16; los ahora exministros de Relaciones Exteriores y Defensa, Hugo de Zela y Carlos Díaz, afirmaron que el contrato ya había sido firmado; el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció desembolsos del MEF; y, horas después, el propio MEF confirmó una transferencia de US$ 462 millones. Y el primer ministro, Luis Arroyo, ratificaba que la adquisición seguía su curso. Una serie inacabable de inconsistencias y desaciertos.
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Pero los hechos se imponen: la Embajada de Estados Unidos indicó, la tarde de ayer en un comunicado, que hubo una firma técnica entre las partes autorizadas, la cual tuvo lugar el 20 de abril, con pleno conocimiento de los más altos niveles del Gobierno peruano. Pese a que ello ya había ocurrido, el propio presidente intentaba, durante la mañana, desconocer su adecuada implementación.
Bajo la conducción de Balcázar, el Perú ha transmitido señales contradictorias. (Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec)
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Más allá de la pertinencia de la compra, la incapacidad del jefe del Estado para alinear a su propio Gobierno es preocupante. Bajo la conducción de Balcázar, el Perú ha transmitido señales contradictorias. Un detalle no menor es que el anuncio de desembolsos fue informado antes por el presidente del Congreso que por el Ejecutivo. En suma, el Ejecutivo no sabe cuidar sus canales institucionales.
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Balcázar ha intentado justificar su posición en la prudencia, planteando que una operación de esta magnitud debería ser evaluada por el próximo Gobierno. Ese argumento resulta risible, pues proviene de un presidente al que parece no incomodarle el impacto fiscal que representan ciertas leyes del Congreso y los salvatajes a Petroperú. Si la decisión no era conveniente, no debió concretarse. Y si se concretó, como ahora se confirma, corresponde asumirla.
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La renuncia de De Zela y Díaz evidencia que no se trata de un desacuerdo técnico, sino de una ruptura en la conducción política. En cualquier administración funcional, decisiones de esta envergadura se comunican con claridad y disciplina. Aquí ha ocurrido lo contrario: versiones cruzadas y mensajes incompatibles.
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El impacto trasciende la coyuntura. Estados Unidos ha documentado el proceso y los compromisos asumidos. En contratos de alta complejidad la incoherencia tiene costos: eleva riesgos, tensiona relaciones y, sobre todo, erosiona credibilidad.
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Esta compra es una decisión de US$ 3,500 millones, con implicancias fiscales, contractuales y estratégicas de largo plazo. En ese marco, la consistencia en la conducción y en la comunicación del Estado no es un aspecto accesorio.
Por ello, la discusión no es únicamente si la compra fue acertada, sino si el Perú es capaz de sostener decisiones de esta envergadura. Hoy, bajo la conducción de José María Balcázar, esa capacidad ha quedado seriamente en cuestión.
