De cara a las elecciones generales de 2026, los planes de gobierno de las principales agrupaciones políticas ofrecieron una primera aproximación a cómo podría orientarse el debate económico y tributario en el próximo quinquenio. Más allá de sus diferencias ideológicas, estos documentos permiten identificar los temas que ingresan con mayor fuerza a la agenda fiscal y las principales coincidencias y divergencias.
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La política tributaria ocupa un lugar central. Presión tributaria, formalización, exoneraciones, minería, disciplina fiscal y estabilidad de las reglas económicas aparecen recurrentemente, aunque abordadas con distintos enfoques. Más que anticipar decisiones definitivas, el análisis de estas propuestas permite identificar tendencias e implicancias para los contribuyentes.
Algunas agrupaciones plantean nuevos gravámenes o mayores cargas sobre rentas altas, mientras que otras priorizan ampliar la base de contribuyentes. (Foto: Doucefleur/iStock)
Para quienes ya operan en la formalidad, el escenario no apunta necesariamente a un aumento inmediato de impuestos, pero sí a un mayor escrutinio. Incluso en planes que descartan subir tasas, se plantea fortalecer la recaudación mediante una fiscalización más intensiva, mayor interoperabilidad de información y uso de tecnología. Esto podría traducirse en más cruces de datos y un mayor énfasis en la consistencia entre lo declarado y la actividad económica real.
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En los impuestos directos, las propuestas divergen. Algunas agrupaciones plantean nuevos gravámenes o mayores cargas sobre rentas altas, mientras que otras priorizan ampliar la base de contribuyentes. Para empresas y personas con estructuras complejas, esto introduce un factor de incertidumbre que obliga a seguir de cerca la evolución del debate.
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Donde sí podría haber un impacto más tangible es en las exoneraciones y beneficios tributarios. La mayoría coincide en revisar el sistema, aunque difieren en la velocidad. Para los sectores que hoy operan bajo regímenes especiales, podría implicar evaluaciones más frecuentes, condiciones adicionales o ajustes que impacten en costos y decisiones de inversión.
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La formalización es el objetivo transversal. Para las empresas formales, un avance en este frente podría significar mayor equidad competitiva, pero también nuevas exigencias en el control de proveedores y cadenas de valor. Para quienes aún no tributan, se plantea una combinación de incentivos de entrada y mayor fiscalización.
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En el sector minero, todos los planes coinciden en que debe aportar más, aunque con instrumentos distintos. Esto podría implicar mayores exigencias de trazabilidad y control, incluso sin cambios en tasas.
También aparece el debate sobre la estabilidad de las reglas económicas. Algunas propuestas plantean revisiones, mientras que otras la defienden como condición para la inversión. Esto introduce incertidumbre en el mediano plazo.
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Finalmente, hay temas poco abordados, como la tributación de la economía digital, la implementación de los estándares OCDE/G20, la reforma del Tribunal Fiscal, la modernización del impuesto predial o la simplificación del Código Tributario. En conjunto, los planes no trazan un único camino, pero sí anticipan un entorno donde la política fiscal seguirá siendo central y el statu quo difícilmente se mantendrá intacto.
Rafael Martinelli es Counsel en Garrigues.
