La captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una operación militar de Estados Unidos provocó un choque diplomático en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Fue durante la sesión del lunes 5 de enero donde la representación estadounidense defendió la operación como una acción contra el narcotráfico, mientras varios países latinoamericanos denunciaron una violación del derecho internacional y otros llamaron a una transición política.
El embajador venezolano ante el organismo, Samuel Moncada, denunció una “violación flagrante” de la carta de la ONU y del derecho internacional, calificó la operación como un “ataque armado ilegítimo” y exigió la liberación y el retorno de Maduro.
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Por su parte, Estados Unidos defendió la operación y negó estar en guerra o en una ocupación de Venezuela.
Su embajador ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que Maduro es “un narcotraficante” y “un presidente ilegítimo”, y sostuvo que la detención fue una “acción policial” destinada a proteger a los estadounidenses del narcoterrorismo.
Colombia, que impulsó la convocatoria de la reunión del Consejo de Seguridad con el respaldo de Rusia y China, denunció que la detención de Maduro “viola el derecho internacional y la carta de la ONU” e instó a los Estados miembros a defender los principios del derecho internacional como una “obligación común para preservar la paz y la seguridad internacional”.
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Su representante permanente ante Naciones Unidas, Leonor Zalabata, aseguró que la operación constituye «evidentes violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial venezolana».
Además, recordó que Trump amenazó al mandatario colombiano, Gustavo Petro, con enviar a su país “una misión” de Estados Unidos similar a la desplegada en Venezuela.
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El representante de Brasil, Sérgio Danese, calificó la operación como “un precedente extremadamente peligroso” y afirmó que la solución a la crisis no pasa por “la construcción de protectorado”, sino por el diálogo y el respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano.
Chile, a través de su representante permanente Paula Narváez, afirmó que “el respeto del derecho internacional no admite excepciones incluso cuando se trata de abordar la ilegitimidad de un presidente”.
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Por otro lado, México condenó la “agresión militar” de Estados Unidos. El embajador Héctor Vasconcelos advirtió que la operación pone en “grave riesgo” la estabilidad política y la seguridad de América Latina y el Caribe, y reiteró que “el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces” para resolver la crisis, retomando el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a intensificar la mediación internacional.
Cuba calificó la operación como un “acto inaceptable y bárbaro”. Su representante ante la ONU, Ernesto Soberón, acusó a Estados Unidos de querer imponer un ”gobierno títere” y confirmó la muerte de 32 militares cubanos durante los operativos, quienes, según La Habana, “cayeron tras una férrea resistencia en combate directo”.
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Nicaragua, por su parte, expresó su “indignación y dolor” por la muerte de los cubanos y reclamó ante la ONU “la liberación inmediata” de Maduro.
El embajador argentino ante Naciones Unidas, Francisco Tropepi, dijo que su país “valora la decisión y la determinación demostradas” por Estados Unidos y calificó al Gobierno de Maduro como “un régimen ilegítimo” que constituye una amenaza para la región.
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El representante paraguayo, José Pereira, sostuvo que “se debe abrir paso de inmediato a la restauración de la democracia”, permitiendo que las “autoridades legítimamente electas” asuman el poder, en alusión a Edmundo González Urrutia.
Finalmente, Panamá propuso una “interinidad limitada en el tiempo” para que González Urrutia asuma el Gobierno.
Elaborado con información de EFE.
El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Michael Waltz, habla durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 5 de enero de 2026. EFE/EPA/Derek French
