Los inversionistas que buscan participar en los planes de la Casa Blanca para reactivar la economía petrolera de Venezuela corren el riesgo de adentrarse en un campo minado político y legal por la cuestión del reconocimiento diplomático.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, no es reconocida oficialmente por Estados Unidos ni por otros países como la autoridad legítima de Venezuela. En su lugar, ese reconocimiento sigue correspondiendo —al menos sobre el papel— a miembros de la Asamblea Nacional liderada por la oposición, que fueron electos hace más de una década.
Este estatus de reconocimiento, que parece chocar con el respaldo explícito del presidente Donald Trump a Rodríguez, implica que las empresas podrían enfrentarse en tribunales estadounidenses a abogados que representan a políticos opositores que en su mayoría viven en el exilio, en caso de disputas legales sobre sus inversiones. Además, cualquier contrato firmado con entidades estatales venezolanas —incluida la petrolera nacional— podría ser anulado por un futuro gobierno decidido a impugnar la constitucionalidad y legitimidad de Rodríguez.
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Más aún, los tribunales de EE.UU. que tratan casos vinculados a miles de millones de dólares en activos venezolanos en disputa siguen la postura diplomática oficial del gobierno estadounidense, por lo que la oposición continúa representando al país en litigios en curso contra decenas de acreedores, demandantes en arbitrajes y otros reclamantes, como ocurre desde hace años.
“La preocupación aquí es que, si en 10 días Delcy Rodríguez deja de ser presidenta interina y entra alguien como González, y González dice: ‘No vamos a reconocer ninguno de esos contratos que ustedes acaban de firmar porque no fueron suscritos por un representante legítimo del gobierno venezolano’”, dijo Ingrid Brunk, catedrática de derecho internacional en la Universidad de Vanderbilt, en referencia a Edmundo González, el diplomático retirado exiliado que es ampliamente considerado el verdadero ganador de las controvertidas elecciones presidenciales de 2024, según un conteo independiente de votos.
Hasta que EE.UU. no resuelva este tema de reconocimiento, es poco probable que Venezuela atraiga la inversión de largo plazo que necesita con urgencia, ya que las empresas evitan acuerdos que serían difíciles de hacer valer en tribunales estadounidenses, uno de los múltiples riesgos que evalúan en un país que alguna vez fue visto como una democracia estable y próspera, señalan expertos legales.
Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando durante un acto de gobierno con los ministros de su gabinete, en Caracas. Foto: EFE/ Daniela Millan/ Palacio de Miraflores
Los acreedores no podrán reestructurar deudas impagas. Y para la administración de Rodríguez, el acceso a miles de millones de dólares en activos venezolanos en el exterior —incluidas cuentas bancarias congeladas, reservas de oro en el Banco de Inglaterra y Derechos Especiales de Giro en el Fondo Monetario Internacional— seguirá siendo esquivo.
El desfase en el reconocimiento se vuelve cada vez más evidente a medida que el nuevo liderazgo de Venezuela avanza con rapidez para revertir décadas de legislación estatista y atraer nuevamente a los inversionistas. Entre las reformas propuestas figura permitir el arbitraje internacional en disputas contractuales, una medida que ayudaría a restaurar la confianza al evitar el sistema judicial politizado del país. Sin embargo, en EE.UU., esa medida no podría implementarse hasta que Washington reconozca al gobierno de Rodríguez.
Incluso en días recientes, el reconocimiento estadounidense “ha sido explícito y reiteradamente reafirmado” en “declaraciones de interés presentadas por el gobierno de EE.UU. ante tribunales estadounidenses”, afirmó Dinorah Figuera, presidenta de la asamblea paralela liderada por la oposición, con sede ahora en España.
En respuesta a una consulta sobre el tema del reconocimiento, un portavoz del Departamento de Estado dijo que la administración Trump “continúa trabajando con las autoridades interinas para estabilizar Venezuela” en un plan de tres etapas delineado por el secretario de Estado, Marco Rubio.
Juntas ad hoc
Las raíces del dilema se remontan a 2019, cuando la primera administración Trump impuso sanciones petroleras a Venezuela y retiró el reconocimiento al entonces hombre fuerte Nicolás Maduro, para otorgárselo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se proclamó mandatario legítimo invocando una disposición constitucional. EE.UU. cerró su embajada en Caracas y los diplomáticos venezolanos se retiraron de Washington.
Decenas de otros países siguieron la postura estadounidense. Aunque Guaidó se encontraba en Caracas, gran parte de su gobierno paralelo vivía en el exterior o terminó exiliándose, frecuentando el Congreso y centros de estudio influyentes en la capital estadounidense. Con el aumento del hostigamiento oficial, Guaidó acabaría marchándose también.
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En ese período, el gobierno paralelo creó juntas ad hoc en el exilio para supervisar activos internacionales de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. y del banco central. Estas juntas siguen activas en tribunales estadounidenses. De manera crucial, el primer gobierno de Trump otorgó al gobierno paralelo acceso a más de US$ 300 millones de fondos del Banco Central de Venezuela congelados en el sistema bancario estadounidense.
La entidad paralela más visible es la junta ad hoc de PDVSA, que representa a la empresa en una batalla judicial de años por las acciones de Citgo Petroleum Corp., la refinería con sede en Houston que constituye el activo extranjero más valioso de Venezuela. Una subasta ordenada por la justicia sobre esas acciones está cerca de alcanzar un desenlace final.
Ni el presidente de la junta ad hoc de PDVSA, Horacio Medina, ni el contacto de prensa del organismo pudieron ser contactados para realizar comentarios.
La falta de claridad sobre el reconocimiento formal es parte de un conjunto más amplio de riesgos que probablemente mantendrán a la mayoría de las petroleras alejadas de Venezuela por ahora, dijo Luis Pacheco, quien fue el primer presidente de la junta ad hoc de PDVSA entre abril de 2019 y diciembre de 2020.
“¿No cree que las empresas que van a invertir miles de millones de dólares en Venezuela van a pensar en esto? Este no es un riesgo que pueda medirse”, dijo Pacheco. “Si se quiere hacer un acuerdo, no solo se necesitaría una licencia estadounidense, sino también una prueba de cumplimiento”.
Un tribunal de Nueva York que tramita un reclamo sobre activos venezolanos solicitó ahora que EE.UU. presente un escrito para aclarar su postura sobre el reconocimiento, con fecha límite el 11 de febrero.
“La forma de resolver esto es reconocer a Delcy, pero eso es algo muy prematuro”, dijo José Ignacio Hernández, especialista sénior de la consultora Aurora Macro Strategies y ex fiscal general del gobierno paralelo.
Este espinoso asunto es uno de los muchos que enfrentan las petroleras al evaluar el impulso de Trump para reactivar la industria petrolera venezolana. Citando los actuales marcos legales y comerciales del país, el CEO de Exxon Mobil Corp., Darren Woods, describió a Venezuela como un país “en el que no se puede invertir”.
Bloqueados
El 5 de enero, el mismo día en que Rodríguez asumió en Caracas como sucesora de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional elegida en 2015 y liderada por la oposición —que el ex presidente Joe Biden calificó como el último órgano democráticamente electo del país— renovó su liderazgo por otro año. Su mandato original expiró en 2021, pero la oposición ha prorrogado repetidamente las funciones de sus legisladores, inicialmente para preservar la estructura del antiguo gobierno interino.
Las autoridades paralelas también pueden obstaculizar los esfuerzos para acceder a otros activos. Durante años, el banco central de Venezuela intenta recuperar el oro almacenado en las bóvedas del Banco de Inglaterra, como parte de las reservas internacionales del país.
Los tribunales británicos, siguiendo la política de reconocimiento del Reino Unido, bloquearon los intentos de Maduro de repatriar o vender el oro, al dictaminar que el Banco de Inglaterra podía guiarse por instrucciones alineadas con la política exterior británica, que había reconocido la autoridad de Guaidó en momentos clave del litigio. Desde entonces, el caso ha pasado por múltiples apelaciones, con fallos que reiteradamente negaron el acceso al banco central en Caracas.
Por ahora, las relaciones entre EE.UU. y Venezuela se están descongelando con rapidez, aunque el respaldo de Trump al liderazgo “muy, muy inteligente” en Caracas aún no se ha traducido en un reconocimiento formal del nuevo gobierno como representante legítimo del país. Para complicar aún más el panorama, Trump dijo que le agrada “mucho” la líder opositora María Corina Machado y que quiere que participe “de alguna manera”.
Mientras Rodríguez consolida el poder, EE.UU. le quita el polvo a su embajada en la capital venezolana con vistas a una reapertura. Los diplomáticos venezolanos avanzan con cautela en el mismo sentido en Washington.
“Es inusual haber ayudado a alguien a llegar al poder y luego no reconocerlo”, dijo Brunk, de la Universidad Vanderbilt. “Sigue habiendo una inestabilidad política enorme y el mero reconocimiento no va a resolver por completo ese problema para las petroleras”.
