
Estados Unidos revocó la visa del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos y la de sus familiares directos, como parte de una nueva política de restricciones migratorias anunciada por el Departamento de Estado para ciudadanos extranjeros de países del hemisferio occidental.
Núñez Matos, juez del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, aparece como el único ciudadano peruano incluido en la relación difundida por Washington. El Departamento de Estado señaló que las medidas se aplican bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que permite restringir el ingreso de personas cuando su entrada o actividades propuestas puedan tener consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense.
Según el comunicado, la nueva política está dirigida contra ciudadanos extranjeros y sus familiares directos que, de acuerdo con la evaluación de Estados Unidos, “socaven un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o de narcotráfico en nuestra región”.
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En esa sentencia, el magistrado ordenó a Ositrán “ejercer —directamente o a través de sus dependencias u organismos técnicos adscritos— sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción con relación a las operaciones y actividades de la parte accionante, dentro del terminal portuario multipropósito de Chancay”. La resolución estableció como excepción la determinación de tarifas a usuarios finales, siempre que previamente existiera una decisión firme de Indecopi que determinara la ausencia de competencia en ese ámbito.
Sin embargo, ese fallo fue posteriormente revocado. La Segunda Sala Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda de Cosco Shipping y sostuvo que el puerto de Chancay constituye una infraestructura de transporte de uso público, por lo que la empresa operadora se encuentra sujeta a las facultades de Ositrán.

Restricciones también alcanzan a Bolivia, Colombia y Ecuador
En Bolivia, el Departamento de Estado informó que revocó las visas vigentes de 12 ciudadanos y sus familiares. La relación incluye jueces, fiscales, un exministro de Justicia, un magistrado constitucional, un exfuncionario de la Aduana Nacional, un policía y un empresario. Además, otros nueve ciudadanos bolivianos y sus familias quedaron, en general, excluidos de la posibilidad de obtener una visa estadounidense.
Entre los casos mencionados por Washington está el del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, quien fue designado públicamente por el Departamento de Estado bajo una disposición distinta, la sección 7031(c), por su presunta participación en actos de corrupción significativa. Estados Unidos sostiene que Mariaca habría solicitado y aceptado sobornos para facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y favorecer a delincuentes. Estas son acusaciones del Gobierno estadounidense, no una determinación judicial citada en el comunicado.
En Colombia, las restricciones alcanzaron al empresario Euclides Antonio Torres Romero y a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú. En Ecuador, Estados Unidos informó sobre la revocación de las visas de dos ciudadanos y sus familiares, aunque el comunicado no reveló sus identidades.
El Departamento de Estado señaló que las nuevas restricciones forman parte de los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y reafirmados en la declaración de los líderes del Escudo de las Américas del 22 de septiembre. Washington indicó que busca coordinar sanciones, designaciones y medidas financieras frente a actividades que considere una amenaza para la seguridad, el Estado de derecho y la democracia en la región.







