Los gestores de fondos en Europa no tendrán que informar datos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa o ESG, por sus siglas en inglés, sobre todos los activos que poseen, tras una revisión de requisitos de divulgación.
La Comisión Europea, el poder ejecutivo de la Unión Europea (UE), anunció que los gestores de fondos que estén sujetos a un deber fiduciario con sus clientes y que gestionen carteras bajo un mandato acordado con ellos no tendrán que proporcionar dicha información, en una revisión de las normas de información de sostenibilidad del bloque, publicada el viernes.
Los requisitos, conocidos formalmente como Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS, en inglés), son instrucciones detalladas sobre cómo las empresas deben cumplir con la Directiva de la UE sobre Información de Sostenibilidad Corporativa. Una consulta pública sobre el acto delegado propuesto por la Comisión, cuyo primer borrador se publicó en mayo, recibió más de 400 respuestas.
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Las autoridades de la UE han dedicado meses a revisar las ESRS como parte de un proceso más amplio en el bloque para simplificar los requisitos de información y fomentar la competitividad. Las normas revisadas reducen en más del 60% el número de datos que las empresas deben reportar, según indicó la Comisión en un comunicado.
“Las normas revisadas adoptadas el viernes están diseñadas para reducir la carga administrativa de las empresas de la UE, manteniendo al mismo tiempo una divulgación de información de alta calidad”, declaró la Comisión. “Se prevé que estos cambios reduzcan los costes de presentación de informes en más de un 30% por empresa”.
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La cuestión de si las gestoras de activos deberían estar obligadas a informar sobre indicadores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) para los activos de sus clientes ha sido objeto de debate durante mucho tiempo. Las gestoras de fondos han argumentado que no deberían tener que divulgar dichos datos para activos que no poseen ni controlan. Quienes defienden esta medida, por su parte, afirman que la información es fundamental para comprender el impacto del sector y señalan que las gestoras de fondos suelen realizar afirmaciones relacionadas con los criterios ESG al comercializar sus productos.
La medida se implementará gradualmente una vez que los Estados miembros de la UE y sus legisladores la aprueben. Disponen de dos meses para responder, con la opción de disponer de otros dos meses para considerar el acto delegado.
Exención clave
En paralelo, se espera que los fondos de cobertura queden exentos de la obligación que exige a los gestores de inversiones en Europa clasificar sus productos como ESG o no.
La propuesta presentada por Chipre, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, recomienda que los gestores de activos alternativos que venden a inversores profesionales queden exentos de la normativa, según información oficial divulgada a fines de junio. Para los gestores, esto se traduce en una menor carga administrativa y mayor libertad para comunicar sus estrategias.
“Estos inversores no necesitan el mismo nivel de información estandarizada que debería estar disponible para los inversores minoristas”, declaró el Consejo Europeo en un reciente comunicado.
Valla verde delante de chimeneas. Fotógrafo: Andrey Rudakov/Bloomberg
La medida forma parte de la revisión del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de la UE, que desde su lanzamiento en 2021 ha recibido reiteradas críticas tanto de inversores como de reguladores por su incapacidad para prevenir el ecoblanqueo. La UE responde estableciendo un marco de etiquetado más explícito que impone requisitos estrictos a los fondos ESG y limita la información que los gestores pueden proporcionar sobre los fondos que no son ESG.
La Comisión Europea propuso la idea por primera vez en un borrador el año pasado, pero posteriormente la descartó en sus recomendaciones finales. La medida, que aún necesita la aprobación final del Parlamento, cuenta con cierto apoyo entre los legisladores de la UE.
La propuesta chipriota representa otra victoria para el sector de la gestión de activos en sus esfuerzos por evitar este tipo de requisitos regulatorios.
Existe la persistente sensación de que las categorías SFDR “fueron diseñadas pensando en un enfoque de inversión exclusivamente a largo plazo”, afirmó Adam Jacobs-Dean, director global de mercados de la Alternative Investment Management Association, cuyos miembros incluyen a los gigantes de los fondos de cobertura Millennium Management LLC y Man Group.
Resolver pronto el tema de SFDR es importante para el sector, según Lily Marcel, copresidenta del consejo global de ESG de Clifford Chance. “Lanzar un nuevo fondo cerrado puede ser un proceso largo”, y un gestor de fondos necesita “poder revelar claramente a los inversores los factores que integra en su proceso de inversión”, afirmó.
La versión revisada del SFDR exigirá a los gestores de activos que elijan una etiqueta ESG —transición, sostenible o básica— o que declaren que sus productos no son ESG. La propuesta chipriota elimina, en la práctica, el límite a la información que los gestores de activos alternativos que administran fondos no ESG pueden proporcionar sobre sostenibilidad.
La opción de exclusión permitiría a los gestores explicar sus estrategias ESG “sin tener que forzar el producto a encajar en una categoría que quizás no sea la más adecuada”, explicó Jacobs-Dean. Los gestores de fondos aún podrían crear fondos con etiqueta ESG, según las necesidades de sus clientes, añadió.
“Quienes consideren importante la captación de activos probablemente no harían uso de la opción de exclusión, ya que querrán poder ofrecer productos categorizados”, concluyó.
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Los Estados miembros también respaldaron una medida que permite a los fondos de transición invertir en bonos soberanos de propósito general “bajo ciertas condiciones”, según informó el Consejo. El “marco de compromisos climáticos y de sostenibilidad" de la UE permite determinar si los bonos son compatibles con los objetivos de sostenibilidad del bloque, añadió el Consejo.
Asimismo, acordaron que las empresas de combustibles fósiles deberían poder participar en los fondos de transición, siempre que destinen el 20% de su capital a actividades ambientalmente sostenibles y cuenten con un plan con plazos definidos para reducir las emisiones de sus operaciones, incluido el consumo de energía. La medida no incluye las denominadas emisiones de Alcance 3, que representan la gran mayoría.
Esta postura de compromiso surgió tras una iniciativa liderada por Francia para lograr normas más flexibles. La Comisión había propuesto inicialmente prohibir este tipo de inversiones.
