Gestión Sostenible. A finales de marzo, Perú oficializó la adopción de dos normativas internacionales clave que, en palabras de expertos, mejoraría el creciente acceso a financiamiento “verde” para las empresas privadas en el país. Y, aunque estas normas serán obligatorias a partir del 1 de enero del 2029 para aquellas firmas no reguladas, el tiempo de preparación ya empieza a correr.
El 27 de marzo de 2026, el Consejo Normativo de Contabilidad, a través de la Resolución N.° 001-2026-EF/30 oficializó la adopción de las Normas Internacional de Información Financiera (NIIF) S1 y la NIIF S2, que serán de obligatoriedad para aquellas empresas privadas con ingresos mayores a los 2,300 UIT (S/12.6 millones).
“Estos temas dejan de ser reputacionales. Ahora pasan a ser información financiera relevante para inversionistas, bancos y proveedores de capital”, explica Diana del Águila, especialista en finanzas sostenibles de Pacífico Business School.
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¿Qué implican exactamente las NIIF S1 y S2 para las empresas en Perú?
Del Águila también explica que dichas normas buscan estandarizar la divulgación de riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad y el clima. “En la práctica, implican que las compañías entiendan su negocio desde el riesgo”, señala.
Esto significa identificar qué factores ambientales, sociales o de gobernanza (ASG) afectan realmente su operación, cuantificarlos y traducirlos en impacto financiero para el negocio.
En el agro, por ejemplo, las empresas podrían cuantificar el riesgo relacionado con la disponibilidad de agua, la variabilidad climática o el uso de suelo. En minería y energía, el foco estaría en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), consumo energético o gestión de recursos hídricos.
“Las empresas tendrán que demostrar qué riesgos son materiales, cómo los gestionan, cómo impactan financieramente y con qué métricas lo sustentan”, señala Del Águila.
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La información no financiera importará
Otro de los mayores retos que introduce esta normativa es la incorporación de información no financiera dentro del análisis empresarial. “Las empresas no reguladas tendrán que recopilar información que antes no medían: emisiones, uso de agua, riesgos climáticos, temas laborales, seguridad del producto, entre otros”, explica José Luis Velásquez, socio de sostenibilidad en PwC Perú.
De acuerdo al ejecutivo, las compañías en el país suelen estar más familiarizados en análisis cualitativos cuando se trata de identificar el riesgo, alto, medio y bajo. “Pero cuando deben aterrizarlo para saber qué impacto financiero tendrá en la empresa, ahí hay una brecha. Eso nos podría poner en desventaja frente a otros países a la hora de acceder a financiamiento”, anota.
Del Águila también asegura que las normas NIIF S1 y NIIF S2 ayudan a movilizar inversión sostenible, ya que reducen la falta de información comparable, consistente y financieramente útil. “Cuando las empresas reportan con un lenguaje común y con métricas más verificables, los inversionistas pueden distinguir mejor entre una empresa que realmente gestiona sus riesgos y oportunidades de sostenibilidad y otra que solo comunica bien”, refiere.
¿Y las empresas reguladas?
El proceso de adaptación de estas normas no será homogéneo. Empezará con las empresas privadas, y -en opinión de José Luis Velásquez- es posible que un año antes, en 2028, sea obligatorio para las empresas que cotizan en bolsa o reguladas. Aunque la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aun no lo ha confirmado.
No obstante, la SBS respondió a G de Gestión que viene avanzando en la definición de una estrategia de implementación de dichos estándares (normas NIIF S1 y NIIF S2) en los sistemas financiero, de seguros y privado de pensiones, bajo criterios de proporcionalidad y gradualidad, “con el objetivo de asegurar su adecuado alineamiento con los estándares internacionales”.
“Se prevé una adopción progresiva que considere mecanismos de aplicación flexible en la fase inicial y los alivios transitorios provistos por los propios estándares. Esto permitirá que los costos de cumplimiento sean razonables y acordes a sus características, favoreciendo una implementación eficiente y consistente de los requerimientos.
Asimismo, resaltaron que el trabajo de la SBS se enfoca en el impacto de estos riesgos sobre la estabilidad financiera.
En efecto, que las empresas privadas en el país implementen estas normativas implicará para algunas contratar asesoría externa, inversión en sistemas y dedicación de equipos internos. No hay una cifra estándar, pero el principal costo, coinciden los especialistas, será el tiempo.
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La oportunidad: financiamiento y competitividad
Para muchas empresas, especialmente aquellas que buscan crecer o internacionalizarse, estas normas pueden convertirse en una ventaja competitiva, dice Velásquez. Además, estas normas elevan el estándar frente al “greenwashing”.
El principal beneficio está en el acceso a financiamiento. “Las empresas que se adapten más rápido van a tener mejor diálogo con inversionistas, mayor comparabilidad internacional y, potencialmente, mejores condiciones de acceso a capital”, señala Del Águila.
¿Quién supervisa y qué pasa si no cumplo?
A pesar del avance normativo, aún existen zonas grises. Para las empresas no reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) o la SBS, el esquema de supervisión no está del todo definido. Es probable que, en su momento, el Consejo Normativo de Contabilidad, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, se pronuncie.
“¿Qué pasa si una empresa no cumple? Es más difícil de regular”, advierte Velásquez. En escenarios extremos, analiza, podría intervenir la Sunat, aunque no hay nada seguro al respecto.
Una carrera que ya empezó
Aunque la obligatoriedad arranca en 2029, la hoja de ruta comienza hoy, señalan ambos expertos. Esto, considerando que, entre 2026 y 2028, las empresas deberán hacer diagnósticos, identificar brechas, definir su gobernanza y preparar sus sistemas de información.
“El riesgo de esperar es alto”, advierte Velásquez. Según dijo, experiencias como la de México —que ya avanzó hacia la obligatoriedad desde el 2026— muestran que cerca del 50% de las empresas no estaban preparadas al momento de la entrada en vigor. En el Perú, el escenario podría ser similar.
Coordinadora en la revista G de Gestión e integrante del podcast de economía y negocios 'Actualidad Latinoamericana'. Escribo sobre management, agricultura, tecnología y emprendimientos. Bachiller en Periodismo por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Activa participante de los cursos del Centro Knight para el Periodismo en las Américas.
