Cuando los fiscales estadounidenses imputan a alguien, suelen mantenerlo en secreto hasta que se produce la detención, por miedo a que el acusado se fugue. Pero a veces los cargos se hacen públicos primero, sobre todo cuando el imputado vive fuera del alcance de la ley.
El objetivo es simbólico: señalar y avergonzar. Un ejemplo son los hackers rusos, los que eluden las sanciones iraníes o incluso los dictadores venezolanos. De hecho, pocos le dieron importancia cuando los fiscales revelaron los cargos por tráfico de drogas contra Nicolás Maduro en 2020.
Casi seis años y un secuestro después, las perspectivas de Maduro y su esposa, Cilia Flores, parecen bastante diferentes. Ambos esperan juicio en el Centro Metropolitano de Detención, una espeluznante cárcel de Brooklyn situada cerca de un Costco y un lugar de autoalmacenaje, y entre cuyos residentes recientes se encuentran Sam Bankman-Fried, Sean “Diddy” Combs y Luigi Mangione.
En la corte, Nicolás Maduro respondió calificándose como “presidente constitucional” y “prisionero de guerra”. | Crédito: Jane ROSENBERG / AFP
Tanto Maduro como su esposa se han declarado inocentes. A menos que lleguen a un acuerdo, quizá pasarán el próximo año o más tratando de persuadir a los tribunales para que desestimen el caso, antes de que por fin comience su juicio en Manhattan.
La acusación alega que los Maduro se enriquecieron ayudando a los traficantes a contrabandear cocaína a Estados Unidos durante un período de 25 años. También están acusados su hijo, otros dos funcionarios del gobierno y el líder de Tren de Aragua, una banda venezolana.
Los fiscales afirman que Maduro proporcionó cobertura diplomática y apoyo logístico a los narcotraficantes a cambio de una parte de los beneficios; supuestamente ordenó el asesinato de un capo de la droga que se le opuso. Dado que el Departamento de Estado considera que algunas de las bandas son organizaciones terroristas extranjeras, uno de los cuatro cargos contra Maduro es la acusación de haber apoyado el “narcoterrorismo”.
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Los fiscales de Nueva York tienen mucha experiencia en casos de narcotráfico de gran envergadura y repercusión mediática. En 2016 condenaron a dos sobrinos de Flores a quienes habían grabado mientras negociaban una venta de cocaína. También han conseguido veredictos de culpabilidad contra “El Chapo”, un narcotraficante mexicano; el exsecretario de Seguridad Pública de México; y Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras (a quien Donald Trump indultó).
El caso de Maduro es más espinoso, con más motivos para que él lo impugne. Uno de ellos se refiere a la forma en que fue capturado, que contravino el derecho internacional. Los funcionarios del gobierno de Trump lo describieron, de manera absurda, como una operación policial de rutina.
Marco Rubio, secretario de Estado, calificó a Maduro de “fugitivo de la justicia estadounidense”. Aun así, eso no da licencia para secuestrar a alguien en el extranjero. Sin embargo, es posible que esto no suponga un alivio para Maduro: los tribunales estadounidenses reconocen un principio llamado “male captus, bene detentus” (capturado indebidamente, detenido correctamente). Una detención dudosa no impide un juicio.
Nicolás Maduro, a bordo del USS Iwo Jima después de que el ejército estadounidense lo capturara el 3 de enero de 2026. (HANDOUT / Cuenta Truth Social de Donald Trump / AFP)
Maduro también alegará que goza de inmunidad como jefe de Estado. Manuel Noriega, el dictador panameño detenido por las tropas estadounidenses y condenado por delitos relacionados con el narcotráfico, intentó sin éxito esta defensa hace casi 40 años. A diferencia de Noriega, que nunca fue considerado legítimo por el Departamento de Estado, Maduro fue reconocido durante un tiempo como líder de Venezuela. Pero eso terminó en 2019 y los tribunales tienden a deferir a la determinación del gobierno.
Las idas y venidas con las mociones previas al juicio ralentizarán el proceso, pero es casi seguro que la solicitud de Maduro de desestimar los cargos fracasará. Cuando el juicio se ponga en marcha, será como cualquier otro caso de narcotráfico, lo que significa que se basará en la solidez de las pruebas.
Los fiscales tendrán que vincular personalmente a Maduro con la producción o el envío de cocaína que él sabía que tenía como destino Estados Unidos. Para ello, contarán con la colaboración de informantes internos con credibilidad.
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Da la casualidad de que dos generales venezolanos mencionados en la acusación ya se han declarado culpables. Quizá testifiquen. Los fiscales a veces reducen los cargos antes del juicio, pero casi nunca pierden los megacasos relacionados con el narcotráfico.
Esto se debe a que, conforme a la ley, el umbral para demostrar la participación en una conspiración criminal es bajo. No será difícil para los miembros del jurado comprender que Venezuela es una escala para la cocaína colombiana y que sus más altos funcionarios permitieron a sabiendas su tránsito, predice Brendan Quigley, que procesó a los sobrinos de Flores.
Para creerlo, no necesitarán ver fotos de Maduro sosteniendo ladrillos de cocaína. Tal vez habrá grabaciones secretas, testimonios incriminatorios de testigos y otras pruebas recopiladas a lo largo de los años. Los fiscales estadounidenses llevan trabajando en este caso desde 2011, cuando se presentaron los primeros cargos bajo secreto de sumario.
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Las mejores posibilidades de Maduro, entonces, tienen menos que ver con los hechos subyacentes del caso y más con la política. Sus abogados intentarán presentar la acusación como motivada por desacuerdos en materia de política exterior y por las propias quejas de Trump. Tratarán de explotar la antipatía de los neoyorquinos hacia el presidente.
Durante meses, los estadounidenses lo han visto abusar de la ley contra sus enemigos; muchos lo resienten. Solo se necesita un miembro del jurado que se mantenga firme para que este no llegue a un veredicto. Eso no es una absolución, pero Maduro podría considerarlo un éxito. O podría haber una salida diplomática.
En los últimos años, se han retirado acusaciones de alto perfil contra extranjeros y se ha repatriado a los acusados, entre ellos Meng Wangzhou, ejecutiva china de Huawei, y Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional mexicano. Viktor Bout, un traficante de armas ruso condenado, fue liberado en un intercambio de prisioneros.
El caso de Maduro tardará años en resolverse. Mientras esté en Estados Unidos, ofrece influencia diplomática. Y más que una incursión relámpago de las fuerzas especiales Delta, lo que verdaderamente seduce a Trump es la influencia.
