Pese a que la emergencia por la rotura del ducto de gas natural de Camisea ya fue superada, Transportadora de Gas del Perú (TGP) sigue bajo escrutinio.
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que fiscaliza si la variación transitoria de las condiciones del servicio, ocurrida como consecuencia del incidente, puede ser calificada como un supuesto de fuerza mayor, mientras el concesionario pidió una ampliación del plazo para sustentar su solicitud.
Inicialmente, TGP tenía hasta el 20 de marzo para presentar la información que respaldara ese pedido. Sin embargo, la empresa optó por acogerse a la posibilidad de solicitar una prórroga de hasta 15 días hábiles, alternativa prevista dentro del procedimiento y que finalmente se concretó. Ahora, corresponderá al regulador evaluar si acepta o no esa justificación.
En este contexto, algunas empresas afectadas han empezado a fijar posición. Gestión conversó con Paul Súmar, asesor legal de SDF Energía, empresa del grupo Sudamericana de Fibras, quien advirtió que el principal riesgo es que, una vez superada la urgencia, el debate pierda impulso y no se aborden los problemas estructurales que el episodio dejó en evidencia
Corte de gas eleva costos y pone en evidencia fragilidad del sistema energético | Foto: Referencial
Debilidades estructurales del sistema
Súmar advierte que el problema trasciende el incidente puntual y responde a un diseño estructural del sistema, caracterizado por una baja resiliencia y una alta concentración en un solo operador. Explicó que el transporte de gas natural depende de un único ducto que atraviesa una geografía compleja, lo que limita la capacidad de respuesta ante contingencias y expone al país a interrupciones con efectos amplios en la economía.
Este escenario, añadió, no solo obliga a recurrir a fuentes de generación más costosas —como el diésel, cuyos precios pueden alcanzar entre US$ 200 y US$ 400—, sino que también evidencia debilidades en el marco regulatorio vigente.
A su juicio, el hecho de que exista un único concesionario ha impedido el desarrollo de mecanismos efectivos de supervisión y control, generando asimetrías en la relación con los usuarios.
“Se trata de un monopolio natural con un poder muy significativo, lo que exige reglas más claras sobre acceso, trato no discriminatorio y tarifas”, sostuvo.
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Responsabilidad bajo la lupa: aún sin conclusiones
Respecto a la posible responsabilidad del concesionario, el abogado sostuvo que aún es prematuro establecer conclusiones, dado que se encuentra pendiente la entrega de información oficial.
“Hay que esperar el informe detallado de TGP sobre la causa raíz del incidente, así como la evaluación de Osinergmin. Con esa información se podrá determinar si existe responsabilidad y en qué medida”, explicó.
No obstante, dejó entrever que existen cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta ante la emergencia. “Uno puede preguntarse si el sistema estaba diseñado adecuadamente para enfrentar una situación de este tipo. Por ejemplo, si existían los mecanismos logísticos suficientes para actuar con rapidez o si se dependió de apoyos externos”, comentó.
En ese sentido, recordó que el contrato de concesión exige al operador garantizar altos niveles de disponibilidad del servicio, lo que implica adoptar medidas preventivas frente a contingencias.
Más allá del restablecimiento del servicio, el episodio ha generado impactos económicos relevantes en el sistema eléctrico y en los usuarios finales, añadió Súmar.
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Posibles acciones legales: cautela a la espera de información
Frente a estos impactos, surge la interrogante sobre eventuales acciones legales por parte de las empresas afectadas. Consultado por Gestión sobre la posibilidad de iniciar una demanda contra TGP, Súmar indicó que, por ahora, no existe una decisión adoptada en ese sentido.
“En este momento no hay una decisión, ni está preparada ni está lista una demanda. Estamos esperando contar con mejor información, porque es un tema muy serio y no solo involucra a Sudamericana, sino a varios agentes afectados”, explicó.
El abogado precisó que cualquier evaluación legal dependerá de la información que proporcionen el concesionario y el regulador.
“Con esa información, los afectados podremos hacer un análisis para determinar si corresponde atribuir responsabilidad jurídica por los perjuicios”, añadió.
Súmar señaló que, de configurarse daños indemnizables, estos se canalizarían a través de la vía arbitral, conforme al esquema contractual vigente.
Corte de gas eleva costos y pone en evidencia fragilidad del sistema energético | Foto: Referencial
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Debate abierto: más allá de la emergencia
El especialista concluyó que la discusión sobre el sistema de transporte de gas natural no debe limitarse a la atención de emergencias, sino que debe incluir una revisión integral del modelo.
“El debate no puede quedarse solo en la reparación del ducto. Tiene que abarcar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, la continuidad del servicio y la eficacia de la supervisión”, indicó.
En ese contexto, consideró que el episodio debe servir como punto de partida para evaluar reformas que fortalezcan la resiliencia del sistema y mejoren los mecanismos de control sobre una infraestructura clave para el país.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
