La Cámara de Comercio de Lima (CCL) saludó lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, que declaró fundada la demanda de acción popular contra el Decreto Supremo N.° 001-2022-TR, confirmando su ilegalidad y dejándolo sin efecto con alcance general.
“La CCL fue uno de los gremios que impulsó activamente este proceso. Desde la publicación del decreto, en febrero de 2022, advirtió que la norma excedía las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo, afectaba la libertad de empresa y generaba una incertidumbre injustificada que frenaba inversiones y ponía en riesgo miles de empleos formales en sectores estratégicos como la minería, la industria y los servicios”, indicó la CCL en un comunicado.
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Agregó que lo resuelto establece un precedente claro: el Poder Ejecutivo no puede restringir la tercerización laboral mediante disposiciones reglamentarias que contravengan el marco legal vigente. En ese sentido, las empresas y sus contratistas podrán continuar operando bajo esta modalidad, en cumplimiento de los requisitos legales que evitan su desnaturalización.
“La eliminación de esta restricción fortalece la seguridad jurídica y la predictibilidad normativa, condiciones indispensables para promover la inversión, el crecimiento económico y el empleo formal”, subrayó la CCL.
