ProInversión se fijó inicialmente una meta de adjudicación para el 2025 de 25 nuevos proyectos bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) por un monto de US$ 6,237 millones, pese a que en 2024 solo se habían adjudicado seis proyectos por US$ 5,017 millones.
En julio del año pasado, la entidad revisó su proyección y la redujo a 19 APP por US$ 5,256 millones. Sin embargo, los resultados finales estuvieron por debajo incluso de esta meta corregida. Al cierre de 2025, solo se adjudicaron 5 APP, por un total de US$ 2,069 millones.
- Planta de Tratamiento de Chincha
- Longitudinal de la Sierra Tramo 4
- Operación y Mantenimiento del Hospital de Villa El Salvador
- Grupo 3 del Plan de Transmisión 2023-2032
- Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de Puerto Maldonado
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Cabe mencionar que se analizó solo adjudicaciones de nuevas APP, excluyendo Proyectos en Activos (PA) y adendas.
La brecha entre lo planificado y lo ejecutado pone en evidencia las limitaciones de la entidad para adjudicar una cartera tan amplia de proyectos en un solo año. La experiencia histórica refuerza esta conclusión: en los últimos 20 años, el mayor número de adjudicaciones se registró en 2010 y 2013, con 10 APP por año, por debajo de las metas planteadas para 2025.
Además, la falta de reformas para agilizar los procesos de promoción y los cambios en la conducción institucional —con tres directores ejecutivos distintos en el año— contribuyeron a que las expectativas iniciales resultaran optimistas.
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Para 2026, ProInversión ha planteado una meta de adjudicación de 33 proyectos bajo la modalidad de APP por un monto total de US$ 7,512 millones, lo que representaría un incremento de 263% respecto de lo adjudicado en 2025.
Los sectores vial y saneamiento concentran alrededor del 60% del monto total de inversión, con 17 proyectos en conjunto. En particular, el sector vial explica el 33.8% del total, mientras que saneamiento representa el 21.6%. Entre los proyectos de mayor envergadura previstos para 2026 destacan la Vía de Evitamiento de Cusco, el Desvío Chiguata–Santa Lucía–Mañazo y Obras de Cabecera – primera fase.
No obstante, esta meta también es optimista, tomando en cuenta además que 24 de los 33 proyectos están programados para el segundo semestre del año, periodo que coincidirá con el cambio de autoridades en el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, es necesario resaltar que la nueva Ley de APP, y su Reglamento, incorporan reformas relevantes orientadas a agilizar los plazos y procedimientos en la adjudicación y ejecución de contratos.
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Los cambios relevantes, que además ya habían sido propuestos por el Consejo Privado de Competitividad (CPC), son por ejemplo que se define la actuación de los organismos reguladores, precisando que emiten opinión previa no vinculante únicamente respecto de los aspectos vinculados al régimen tarifario, el régimen de acceso y los niveles de servicio.
Según estimaciones del CPC, de un total de 31 informes emitidos por los reguladores entre 2013 y 2024, solo el 31% de las opiniones estuvo relacionado con asuntos de su competencia, por lo que esta modificación es valiosa para delimitar el alcance de sus opiniones.
Segundo, para las APP cofinanciadas, se elimina la obligación de formular estudios de preinversión en el marco del Invierte.pe. De acuerdo con lo estimado por el CPC, solo entre la fecha del encargo a ProInversión y la declaratoria de viabilidad del estudio de preinversión se requirió en promedio 5 años, tiempo que se ahorraría con la eliminación de dicho requisito.
Tercero, se elimina el requisito de la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para los Informes de Evaluación de las APP del Gobierno Nacional.
Además, se han priorizado y delimitado las competencias sobre las cuales el MEF debe emitir opinión en materia de APP, manteniéndose su facultad para pronunciarse sobre la capacidad de financiamiento o capacidad presupuestal, los compromisos firmes y contingentes explícitos, las garantías financieras y no financieras, así como sobre el equilibrio económico-financiero (este último, en el caso de proyectos con un costo superior a 100 mil UIT, es decir, S/ 550 millones al valor del 2026).
Cuarto, se incluye la necesidad de contar con una ficha técnica a nivel sectorial, a través de la creación del concepto de solución técnica. Así, desde la fase de formulación de las APP se definirá el alcance, alternativa técnica seleccionada, área de influencia y niveles de servicio, para que esta solución técnica no pueda ser modificada numerosas veces durante el proceso de promoción.
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Respecto a otros cambios relevantes introducidos por el nuevo marco normativo, podemos mencionar que se constituye a ProInversión como Entidad Pública Titular de Proyectos (EPTP), asumiendo dicho rol para los nuevos proyectos del Gobierno Nacional.
Los ministerios dejan de ser los representantes del Estado a lo largo de todas las fases del proyecto —incluida la ejecución contractual— y dichas funciones se centralizan en ProInversión, lo que reducirá los procesos burocráticos asociados al intercambio de opiniones entre los sectores y la agencia.
Adicionalmente, se centralizó la decisión de priorización de los proyectos en el MEF, entidad que deberá aprobar, mediante decreto supremo y con una actualización trianual, la lista de APP priorizadas por el Gobierno Nacional.
Finalmente, otra modificación relevante, con respecto a la opinión de los organismos reguladores y de la Contraloría General de la República, es que se establece que cualquier comentario o recomendación sobre materias que no sean de competencia de dichas entidades se tienen como no presentadas.
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En conclusión, el Estado ha optado por contar, a nivel del Gobierno nacional, con un único agente especializado responsable de todo el ciclo del proyecto: desde la formulación y el proceso de promoción, hasta la suscripción del contrato y la ejecución contractual.
Un cambio institucional de esta magnitud requerirá, necesariamente, una implementación gradual para asegurar su éxito, así como el fortalecimiento integral de ProInversión en términos de conocimiento técnico, recursos humanos, presupuesto y capacidades operativas, a fin de consolidarla como una entidad altamente eficiente en la gestión de APP.
