La formalización de la minería artesanal y de pequeña escala enfrenta un problema que va más allá de los requisitos administrativos: el acceso a las concesiones mineras. Para CooperAcción, una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) no será suficiente si no se modifican también las reglas de la Ley General de Minería, vigente desde 1992.
La organización presentó diez tesis para abordar la minería artesanal, de pequeña escala, informal e ilegal en el país. En el documento cuestiona que el debate legislativo se concentre en una nueva norma para la MAPE sin incorporar reformas estructurales que permitan atender los cambios registrados en la producción aurífera y en la ocupación del territorio.
La iniciativa del Ejecutivo propone un régimen temporal de consolidación para una parte de los inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo plazo vence el 31 de diciembre de 2026. También contempla la creación de un organismo especializado en formalización. Sin embargo, CooperAcción considera que estas medidas no resuelven las condiciones que mantienen a miles de pequeños operadores en una situación de dependencia y precariedad.
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Uno de los principales reclamos de los productores es contar con espacios donde desarrollar sus actividades. “La demanda de los mineros es dónde vamos a trabajar”, resume la organización al explicar las dificultades que enfrentan quienes necesitan acuerdos con los titulares de concesiones para acceder a contratos de explotación y operar dentro de la legalidad.
El acceso a las concesiones, uno de los principales pendientes
En el país existen 22 millones de hectáreas concesionadas, una extensión que limita las opciones de los pequeños operadores que buscan regularizarse, según cifras y planteamientos recogidos por CooperAcción.
El proyecto de Ley MAPE plantea incentivos para que los concesionarios suscriban contratos de explotación con operadores de la minería artesanal y de pequeña escala, entre ellos menores pagos por derechos de vigencia y exoneraciones de penalidades. Sin embargo, CooperAcción cuestiona que la fórmula mantenga la dependencia de los mineros respecto de los titulares de derechos mineros.
El acceso a concesiones mineras es uno de los principales obstáculos que enfrentan los pequeños productores que buscan formalizar sus operaciones en el Perú.
La propuesta no establece mecanismos que obliguen a facilitar el acceso a las concesiones ni modifica las condiciones que permiten mantener estos derechos a largo plazo. Para CooperAcción, ese vacío reduce las posibilidades de que la norma consiga resultados distintos a los de anteriores procesos de formalización.
De las 22 millones de hectáreas concesionadas, alrededor de tres millones tienen algún uso vinculado con prospección, exploración, extracción, plantas de beneficio o cierre de minas, según cifras manejadas por CooperAcción. “Hay espacio para pensar en una salida negociada para que los mineros que quieran formalizarse, cumplir los requisitos ambientales y sociales y pagar impuestos puedan acceder a un porcentaje de esas hectáreas”, plantea la organización.
La producción de oro también cambió el escenario minero
Otro de los argumentos del documento es que la regulación vigente no ha evolucionado al mismo ritmo que la actividad aurífera. Según las diez tesis, el número de productores de oro registrados pasó de 39 a más de 300 desde inicios del siglo XXI.
La publicación señala que los productores de oro registrados pasaron de 39 a más de 300 desde inicios del siglo XXI. A la vez, la participación de los cuatro principales productores cayó de casi 80% en 2005 a 31.1% en 2024. Para CooperAcción, estas cifras reflejan una desconcentración de la producción que no ha sido acompañada por cambios normativos e institucionales acordes con esa nueva realidad.
La minería artesanal y de pequeña escala presenta dinámicas distintas según los territorios. En los Andes, CooperAcción identifica disputas por la superficie, las concesiones y la distribución de beneficios. En la Amazonía, advierte sobre la minería aluvial mecanizada, la deforestación, la contaminación por mercurio y la presencia de redes criminales.
“En el caso del oro, la pequeña minería, la minería artesanal, la minería informal y también la ilegal son hoy los principales productores del país”, sostiene CooperAcción, que plantea que el debate normativo reconozca el peso que estas actividades han adquirido en la producción.
La falta de una solución podría llevar a otra ampliación del Reinfo
Las diez tesis cuestionan los resultados del Reinfo, al considerar que no estableció una vía efectiva para culminar la formalización. CooperAcción propone rutas diferenciadas según el tipo de minería, la organización de los productores y las condiciones institucionales de cada territorio.
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El documento plantea reforzar la fiscalización, la protección ambiental, la seguridad, los servicios básicos y las garantías de derechos. También sostiene que el Estado debe diferenciar a los productores que buscan regularizarse de las redes vinculadas al lavado de activos, la trata de personas, el tráfico de insumos y el control violento de zonas mineras.
