
En el Perú, que figura entre los top 10 productores mundiales de oro, la producción formal de ese metal precioso mantiene una caída sostenida.
A agosto último, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) registró una producción aurífera formal de 66.9 millones de gramos finos (o 66.9 toneladas), un retroceso de 7.3% respecto a similar periodo del 2025.
Si al cierre del año termina en terreno negativo, sería su segunda caída consecutiva (2025: -0.7%).

En esos ocho meses, la extracción aumentó en empresas como Yanacocha (5.9%), Veta Dorada (26.4%), Paltarumi (8.0%), y Summa Gold (16.9%), pero se contrajo en seis de las 10 principales compañías auríferas:
- Poderosa (-21.0%)
- Retamas (-7.3%)
- Boroo Misquichilca (-24.8%)
- Shahuindo (-18.0%)
- Consorcio Minero Horizonte (-41.0%)
Cayó también en los otros 296 titulares que explotan oro (-6.4%), los cuales explican el 45.8% de la producción nacional.
Volumen exportado se dispara
La caída en la producción formal contrasta con el aumento en el volumen exportado de oro, el cual de enero a julio (la última cifra reportada por el Minem) llegó a 125.53 toneladas, cantidad mayor en 7.7% con respecto a los siete primeros meses del 2025.

Estas toneladas embarcadas alcanzan un valor de US$ 18,487 millones, cifra 58.5% mayor versus los US$ 11,663 millones de igual periodo del año pasado, y que se explica por el aumento del precio y el volumen despachado.
Si se contrasta con la producción formal solo de ese mismo periodo (enero – julio: 58.3 toneladas), significa que Perú exportó, en volumen, 67 toneladas más de lo que las empresas mineras le reportaron como producción formal en siete meses, diferencia que el Minem no explica en su último boletín.

¿Qué explica la diferencia?
Gestión consultó con diversos expertos en el tema e insistieron que la creciente brecha entre la producción y volumen exportado de oro radica en el avance imparable de la minería ilegal y su sustento en el Registro Integral de la Formalización Minera (Reinfo).
Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), refirió que hasta donde habían analizado, a junio último, la exportación de oro alcanzaba las 105 toneladas, y de ese volumen poco más de la mitad, 57 toneladas corresponderían a un origen ilegal, “pues el Minem no tiene un registro exacto del origen de ese metal”.
La experta cuestionó que desde el Estado no se dé un sustento a las cifras de exportación aurífera, pese a que el Minem recibe los reportes de producción de las empresas, y que la Sunat registra el volumen y el valor exportado, con lo cual hay suficiente información para “triangular” y verificar la procedencia del excedente.
“Ese vacío es sin duda reflejo de una estrategia de trazabilidad nula y la propuesta de la nueva Ley MAPE (de Pequeña Minería y Minería Artesanal) podría dar continuidad a ese sistema que permite el avance de la minería ilegal”, fustigó.

Por su parte, Karina Garay, miembro del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), consideró que la diferencia entre el oro exportado y el producido tiene explicación en el lavado de activos provenientes de la minería ilegal, haciendo pasar a la minería informal como si fuera formal.
“Hay muchos casos en los cuales la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) investiga concesiones mineras donde se ha dado cuenta de que [sus titulares] declaran una producción de oro, pero cuando van a constatar, no se ha movido una piedra o un árbol. Entonces ¿de dónde sale esa producción? Es obviamente porque ese minero con Reinfo está comprándole al ilegal”, aseveró.
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Vacíos en proyecto de Ley MAPE
Garay coincidió con Maita en que el proyecto de la Ley MAPE que planteó el Poder Ejecutivo tiene vacíos para enfrentar la minería ilegal y podría considerarse una ampliación “enmascarada” del Reinfo, al otorgar dos años de plazo para que los mineros en formalización cumplan los requisitos para ser formales.
En la misma línea, Miguel Reyes, gerente legal de Summa Gold, compañía dedicada a la explotación aurífera en La Libertad, atribuyó la merma en la producción formal a varios factores: el agotamiento de las minas, la falta de apoyo para ejecutar proyectos mineros y el Reinfo como “escudo” de los ilegales.
Además, observó que, con los 18 meses de prórroga para completar los requisitos para la formalización que plantea el proyecto de la Ley MAPE, a junio del 2028, no se podrá aprobar razonablemente la cantidad de expedientes para la formalización, con lo cual se abriría la puerta para una nueva extensión.
Asimismo, para Reyes no está claro en el nuevo proyecto de Ley MAPE cómo se va a realizar la trazabilidad del oro, cómo se va a proceder con el monitoreo de los insumos químicos fiscalizados usados para su producción, cómo va a operar el anunciado mecanismo de Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape) en esos procesos o cómo participarán la Superintendencia de Fiscalización Laboral (Sunafil) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) en la lucha contra la informalidad.

Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.






