“El objetivo de esta ley es establecer un marco jurídico para toda la cadena de comercialización. Es decir, la autorización, regulación, supervisión, fiscalización, trazabilidad y, por qué no, la promoción de la actividad a pequeña escala”. Así resumió el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, el foco del recientemente presentado proyecto para una Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).
Recordó que se “dividirá” en dos regímenes. Uno es el ya existente: el ordinario, que exige primero todas las autorizaciones y permisos correspondientes para otorgar luz verde a la actividad. El otro es el de consolidación, al que ingresarán todos aquellos que tienen registro vigente hasta el 31 de diciembre en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
“Va a ser un proceso de formalización con una vigencia de 18 meses, hasta el 30 de junio del 2028 [...] consideramos que sí se va a poder lograr en este plazo”, insistió Shinno.
En otro momento, habló de los contratos de concesión: “Hay casos donde los concesionarios no firman los convenios de explotación porque aun haciéndolo [el concesionario] sigue siendo responsable de lo que hace el minero informal, tanto en la parte ambiental como la de seguridad [...] Aquí lo que vamos a establecer es que el único responsable va a ser el minero informal que quiere formalizarse, trabajar. Eso creemos que va a ser el incentivo para que el concesionario firme al final el convenio”.
