En el Congreso de la República avanza una iniciativa legislativa que busca evitar el cese de un trabajador, aún cuando su entidad pública se extinga o fusione con otra.
La Comisión de Descentralización del Congreso aprobó un dictamen proponiendo esta medida, en una sesión realizada el pasado 31 de marzo. Con ello, se suma a un dictamen similar aprobado por la Comisión de Trabajo del Congreso en octubre del 2025. Ahora la iniciativa legislativa pasará al pleno del Congreso para su votación final.
El dictamen aprobado en la Comisión de Descentralización prohíbe el cese por motivos estructurales. “Queda prohibido el cese o despido de servidores públicos motivado exclusivamente por la reorganización, fusión, absorción, extinción o reestructuración de la entidad empleadora. El término de la relación laboral solo procede por causa justa, debidamente comprobada mediante procedimiento administrativo disciplinario”, señala el dictamen en uno de sus artículos.
Agrega que los trabajadores afectados por procesos de reorganización, fusión, absorción, extinción o reestructuración de una entidad pública “son reasignados o reubicados a las entidades que asuman las funciones o competencias de la entidad de origen” y preservando las condiciones laborales del trabajador reasignado o reubicado.
La medida es de alcance transversal para todos los regímenes laborales públicos, incluyendo los decretos legislativos 276, 728 y 1057 y la Ley 30057, entre otros regímenes especiales de naturaleza pública, siempre que el vínculo laboral del trabajador se encuentre vigente al inicio de los procesos de reorganización, fusión, absorción, extinción o reestructuración de la entidad pública.
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Al respecto, especialistas cuestionaron la propuesta. “Lo que se propone es que el trabajador sea reubicado, lo cual implicaría un privilegio que no tiene nadie en el Perú ni en el mundo. Actualmente, cuando las entidades desaparecen, la relación laboral termina, cesa el trabajador”, refirió Ricardo Herrera, abogado laboralista del Estudio Muñiz.
En el caso de fusiones de entidades, ello suele generar recortes de planillas, explicó por su parte César Abanto Revilla, socio del Estudio Rodríguez Angobaldo. “Si tienes una entidad con 100 servidores, pero cuando pasa a la que asume sus funciones y solo se requiere de 40, se va a tener que prescindir de 60”, subrayó.
Por lo tanto, se generará un problema operativo. “Si como entidad asumo funciones por fusión, absorción o reorganización, me voy a ver obligado a recibir a 100 personas cuando para el funcionamiento operativo solo necesito 40 o 50. Además, se está dejando de lado la meritocracia”, agregó Abanto, quien refirió que en el Estado trabajan en diversos regímenes alrededor de 1.6 millones de personas.
Ricardo Herrera coincidió en que se afecta la meritocracia. “Y dónde queda la capacidad del Estado para ejecutar políticas de redimensionamiento del Estado, dónde queda la capacidad para decidir cuánta gente tener en cada entidad pública, si se va a estar cargando con todos los trabajadores que quedan flotando al desaparecer sus entidades públicas. Vamos a tener un serio problema de eficiencia y contrario a la meritocracia”, remarcó.
Por su parte César Abanto recordó que desde hace años existen propuestas para fusionar ministerios y otras entidades públicas, pero la propuesta del Congreso generaría problemas operativos.
Finalmente, Ricardo Herrera sostuvo que la medida propuesta en el Congreso es inconstitucional, pues atenta contra el artículo 79 de la Constitución que prohíbe al Congreso aumentar el gasto público.
“Este proyecto generará más gasto público; al reubicarlos, la entidad tendrá que ver la forma de pagar a un personal que no necesita y que cargará a su planilla; y si no hay transferencias del tesoro público, la entidad que los acoja tendrá que sacar dinero sacrificando sus partidas presupuestales. Es populismo laboral”, cuestionó.
El dato. Las iniciativas legislativas para dar esta protección adicional a los trabajadores del Estado se presentaron luego de que en mayo del 2025, en el Gobierno de Dina Boluarte, el exministro de Economía y Finanzas (MEF) José Salardi anunció un plan para extinguir 14 programas de inversión de diversos ministerios y trasladar sus funciones a la ANIN. Ello permitiría que en la gestión, ejecución y supervisión de las obras el Estado ahorre un costo de S/ 4,000 millones en los próximos dos años, estimó en aquel momento Salardi. En los siguientes gobiernos de José Jeri y José María Balcázar ya no se ha vuelto a mencionar el tema.
Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.
