LAP defiende Adenda 9 y pide debate informado sobre conectividad aérea. (Fuente: Andina)
LAP defiende Adenda 9 y pide debate informado sobre conectividad aérea. (Fuente: Andina)

Lima Airport Partners (LAP) respondió a los cuestionamientos formulados por gremios del sector aéreo y turístico sobre la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y afirmó que este cobro no responde a una decisión unilateral de la concesionaria.

Según indicó, la tarifa se encuentra contemplada en el Contrato de Concesión suscrito con el Estado peruano desde 2013 y su aplicación estaba condicionada al inicio de operaciones del nuevo terminal de pasajeros.

Nuevo Jorge Chávez: LAP defiende TUUA y advierte riesgos de judicializar decisiones técnicas | Foto: Referencial
Nuevo Jorge Chávez: LAP defiende TUUA y advierte riesgos de judicializar decisiones técnicas | Foto: Referencial
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La empresa también se refirió a las críticas relacionadas con un eventual perjuicio para pasajeros extranjeros que realizan conexiones en Lima. Sobre este punto, señaló que las autoridades solicitaron a los gremios de aerolíneas el sustento económico que respalde dicho impacto, documentación que —según afirmó— aún no ha sido presentada.

En esa línea, sostuvo que la preocupación estaría enfocada principalmente en el efecto sobre los ingresos de las compañías aéreas y no necesariamente en los viajeros.

LAP añadió que el cobro de tarifas de transferencia es una práctica común en la industria aeroportuaria internacional, aunque indicó que en el Perú las aerolíneas decidieron no incorporarla dentro del boleto aéreo, a diferencia de lo que ocurre en otros mercados.

Según señaló, esta situación obliga a los pasajeros en conexión a realizar procesos adicionales y genera una percepción distinta sobre el costo total del viaje. Asimismo, observó que los gremios no han mencionado otros cobros aplicados por las propias aerolíneas, como selección de asiento, equipaje o embarque preferente.

Respecto de la Adenda N.° 9, la concesionaria sostuvo que el proceso sigue el marco legal correspondiente y descartó la existencia de ilegalidades. Finalmente, advirtió que la judicialización de decisiones técnicas podría generar incertidumbre y afectar la estabilidad del sistema aeroportuario, así como la planificación de inversiones y la conectividad del país.

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