Hay al menos 10 proyectos en el Congreso que pondrían “en jaque” a empresas

En conversación con este diario, especialistas en el rubro analizan su efectividad y adecuación. En resumen, consideran que se ha puesto énfasis en la protección del consumidor, sin alcanzar un balance con la parte empresarial. Aquí los detalles.

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Ingreso de alimentos y bebidas en eventos masivos

Uno de los proyectos de ley busca que los asistentes puedan llevar alimentos y bebidas para su consumo personal a eventos culturales, académicos, musicales, teatrales, entre otros, siempre y cuando no sean bebidas alcohólicas.

El objetivo, argumenta el texto, “es evitar prácticas abusivas por parte de los organizadores que podrían vulnerar los derechos de los consumidores”. La fiscalización de esta medida recaería en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), que también se encargará de aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.

Diego Arpasi Quispe, especialista en defensa del consumidor, destacó la necesidad de un análisis más profundo debido a la complejidad de los aspectos contractuales involucrados en la organización de eventos. Mencionó que permitir el ingreso de alimentos y bebidas similares a los disponibles podría impactar negativamente en los acuerdos con proveedores y el alquiler de locales.

Jesús Espinoza, exdirector de Indecopi, se mostró preocupado por el impacto en el modelo de negocio de los organizadores de eventos, que dependen, en buena parte, de las ventas de alimentos y bebidas para generar ingresos. Además, señaló posibles problemas de intrusión en la libertad de las empresas para establecer sus propias políticas.

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Servicios higiénicos en los centros comerciales y supermercados

Otro proyecto propone que los consumidores puedan acceder de manera gratuita a estos servicios al realizar una compra o consumo en dichos establecimientos, siempre que presenten el comprobante de pago.

Arpasi señaló que muchos establecimientos ya ofrecen servicios higiénicos gratuitos y cuestionó la necesidad de la ley, ya que no aportaría un beneficio significativo adicional.

Espinoza consideró que la gestión de estos servicios debería quedar a discreción de los centros comerciales, argumentando que los costos adicionales justifican el cobro por uso y que no es adecuado trasladar la responsabilidad de los servicios públicos a entidades privadas.

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Protección ante la usura

Una normativa ya conocida es “Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros”. En este caso, hay un proyecto que detectan los analistas que podría ser positivo.

Según la justificación de la iniciativa, la ley actual, al imponer topes a las tasas de interés, excluye del acceso al financiamiento formal a ciertos segmentos de la población, quienes ahora recurren al mercado informal. La derogación busca permitir una mayor competencia en el mercado financiero, eliminando los límites impuestos a las tasas de interés.

Arsapi señaló que la derogación podría facilitar el acceso al crédito, aunque con el riesgo de intereses más altos.

Espinoza recordó que regular las tasas de interés limita la disponibilidad de crédito para consumidores de alto riesgo, empujándolos hacia mercados informales. Subrayó la necesidad de promover la inclusión financiera y permitir que las entidades gestionen adecuadamente los riesgos.

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Denegación de créditos

Otro de los textos aborda la importancia del acceso al crédito y la inclusión financiera, especialmente para micro y pequeñas empresas. La propuesta destaca la necesidad de mejorar la transparencia y la comunicación de información por parte de las entidades financieras, facilitando el acceso a créditos formales y promoviendo la educación financiera.

Se busca, argumenta, que las instituciones financieras no solo ofrezcan tasas de interés competitivas, sino que también proporcionen información clara y precisa sobre los requisitos para acceder a estos servicios.

Arpasi consideró que la intención es positiva, pero indicó que ya existe regulación adecuada para proteger a los consumidores al asegurar transparencia en la denegación de créditos.

Espinoza destacó la necesidad de un equilibrio en la regulación, advirtiendo que la imposición de requisitos estrictos podría limitar la capacidad de los bancos para gestionar riesgos. Resaltó que la discrecionalidad en la concesión de créditos es crucial para las entidades financieras.

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Responsabilidad por la seguridad en áreas adyacentes

Actualmente un dictamen propone la ampliación del “deber general de seguridad de los consumidores”. Con ello, el Congreso busca extender la responsabilidad de los proveedores a las áreas adyacentes y accesos a los establecimientos comerciales. Así, es el argumento, se garantizaría la seguridad y salud de los consumidores no solo dentro de los locales, sino también en los alrededores.

Arpasi destacó la necesidad de una regulación más sostenible que contemple cada caso de manera particular, evitando una carga excesiva sobre los proveedores.

Espinoza consideró que la responsabilidad de la seguridad pública recae en las autoridades y no debería trasladarse a los proveedores. Señaló que imponer responsabilidades adicionales a los proveedores podría ser injusto y difícil de cumplir.

Bebidas de frutas con más de 50% de pulpa

La propuesta es, según el texto, salvaguardar la salud y los derechos de los consumidores, garantizando que la información proporcionada en las etiquetas y la publicidad de las bebidas sea veraz y precisa. En específico, se busca asegurar que las bebidas que se promocionan con la imagen de una fruta contengan una cantidad de, por lo menos, 50% de pulpa de dicha fruta.

Arpasi mencionó que este proyecto podría ser inviable, debido a que llegar a ese porcentaje es muy alto y podría desincentivar a las empresas ante mayores costos en la compra de insumos. “El consumidor decide si quiere un producto natural o quiere adquirir un producto envasado”, agregó.

En esa línea, Espinoza resaltó que con este proyecto se podría imponer un estándar elevadamente alto para la industria alimentaria y de bebidas. “En casos anteriores, Indecopi ha aceptado que el uso de la imagen de una fruta no implica un determinado contenido mínimo, sino solo que la fruta sea parte de la composición del producto” precisó.

Subrayó que al regular un mínimo de 50% del total de contenido se está exigiendo que sea, prácticamente, la mayoría, lo que puede impactar sustancialmente en los costos de la industria y hacer que el precio del producto sea inaccesible para el segmento de consumidores de menores recursos.

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Más proyectos de ley

Hay otros proyectos presentados que buscan fortalecer los derechos de los consumidores, pero que son cuestionados. Uno de ellos reconoce el derecho de los consumidores a recibir hasta el 50% de las multas que imponga el Indecopi y organismos reguladores a los proveedores que infrinjan el Código del Consumidor, mientras que otro propone entregar el 30% de la multa impuesta por Indecopi a los consumidores afectados.

También se ha puesto en la mira a las aerolíneas. Estos textos están en la Comisión de Transportes del Parlamento. Se ha propuesto, por ejemplo, prohibir el cobro de montos extras por la elección de asientos en vuelos aéreos, permitir que los pasajeros elijan libremente su asiento sin costo adicional en vuelos comerciales y fijar en 10 kilogramos el peso máximo del equipaje de cabina. Finalmente, hay una propuesta para prohibir la sobreventa de pasajes aéreos.

Cuadro de proyectos de ley más resaltantes

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SOBRE EL AUTOR

Gerardo Rosales Diaz

Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.