
Mientras aumenta el riesgo de un Fenómeno El Niño (FEN) de mayor magnitud, más de S/ 11,600 millones permanecen pendientes de ejecución en la cartera de proyectos destinada a reducir el riesgo frente a desastres.
La cartera de prevención de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) comprende 61 proyectos en ocho regiones por un monto de S/ 22,784 millones, pero ahora apenas alcanzan la mitad de la ejecución presupuestal, advirtió la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
“Al cierre de junio, el avance promedio era de solo 51%. De esos proyectos, 40 tenían restricciones presupuestales y seis permanecían directamente suspendidos. El resultado neto son S/ 11,621 millones en obras de protección que seguían sin ejecutarse justo cuando se da una nueva temporada de lluvias”, sostuvo el presidente de la CCL, Raúl Barrios, durante el foro “Fenómeno El Niño: impactos y desafíos para el Perú”.
Estas obras comprenden defensas ribereñas, drenajes pluviales, control de inundaciones y soluciones integrales frente a desastres naturales. En varios casos, alertó, estos son proyectos que se originaron durante la etapa de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC)y que aún no han podido concluirse.
Entre los casos señalados por el gremio se encuentra la protección integral frente a inundaciones en Lima, que tenía S/ 1,550 millones pendientes y un avance de apenas 3.7%.
Asimismo, está pendiente el drenaje pluvial en cuatro distritos de Chiclayo que registran S/ 1,464 millones sin ejecutar y un avance de 9.2%, mientras que la defensa frente a inundaciones del río La Leche, en Lambayeque, estaba suspendida, con S/ 1,217 millones pendientes y 9.9% de avance.
Barrios indicó que, el año pasado, se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reasignar al menos S/ 3,000 millones a la ANIN, teniendo en cuenta que los gobiernos regionales devolverían cerca de S/ 20,000 millones por falta de ejecución. Sin embargo, recordó que se entregaron S/ 700 millones, por lo que varias obras continuaron suspendidas.
“Esto es sumamente grave. Hicimos un cálculo y dijimos que íbamos a perder en las obras inconclusas. Si vienen las lluvias ahora vamos a perder más o menos S/ 400 millones de lo invertido, pues el agua se va a llevar las obras que no han sido terminadas (...) Arrancar las obras hoy día nos va a costar como S/ 800 millones solo en gastos generales que tenemos que pagar a todas las empresas que están hoy día con las obras suspendidas. Están dejando una bomba de tiempo a este próximo Gobierno”, sostuvo.
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El jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL, Óscar Chávez Polo, recordó que el presupuesto público y sus modificaciones se aprueban por año. Por ello, los recursos adicionales que se requieran para avanzar las obras durante el 2026 deberán asignarse mediante un crédito suplementario.
“No sabemos si alcance el tiempo para terminar toda la obra. Algunos de estos proyectos están en nivel de estudio, va a ser imposible culminarlos, pero sí se podrá acelerar esta cartera de proyectos porque son los más indicados para enfrentar problemas de desastres naturales”, indicó.
La ANIN no es la única con problemas de presupuesto. Solo en el programa presupuestal destinado a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres los recursos suman alrededor de S/ 3,048 millones en junio de 2026, por debajo de los S/ 4,360 millones registrados en 2017.
Cabe agregar que, al cierre de junio, solo se habían ejecutado S/ 1,162 millones, equivalentes al 38.1% del presupuesto. En el Gobierno Nacional se mostraba un avance de 42.7% del presupuesto, mientras que los gobiernos regionales alcanzaban 32.2% y los gobiernos locales llegaron a invertir un 35.4%.

Obras de prevención o mitigación
Ante este escenario, los especialistas advirtieron que las decisiones presupuestales y el destrabe de las intervenciones deben realizarse en los próximos meses para que todavía puedan considerarse preventivos y no paliativos.
Para Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), el destrabe de los proyectos no debería esperar al ingreso del próximo Gobierno.
“Ya deberían estar destrabando las obras en las dos semanas que quedan antes de que entre el siguiente Ejecutivo”, comentó a Gestión.
Sicoli explicó que la prioridad durante los meses restantes del 2026 deberá ser movilizar recursos y determinar qué intervenciones pueden ejecutarse antes de que llegue el periodo de mayor riesgo asociado al Niño Global, que se prevé se daría alrededor de noviembre.
Entre las intervenciones que se requieren, indicó, están la mejora de los cauces de los ríos, la reubicación de la población asentada en zonas vulnerables y la construcción de defensas ribereñas incorporadas dentro de la planificación urbana.
Pero, ¿las obras podrían llegar a tiempo para la próxima emergencia? El presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Javier Bereche, alertó que una obra integral de reservorios -que evita que la inundación ocurra- puede tardar entre 10 y 15 años, por lo que ya no existe tiempo para construir este tipo de infraestructura antes del próximo evento.
“Tenemos 6 meses, ¿en ese tiempo qué podemos hacer? Seguramente fichas técnicas paliativas, pero por lo menos que se desatore el río porque cualquier obra de mitigación operativa no va a servir absolutamente para nada si es que ese río se vuelve a salir”, afirmó.
Las fichas técnicas que se preparan para el corto plazo, indicó, se orientan principalmente a instalar defensas ribereñas provisionales, retirar vegetación y arena, disponer bombas para extraer el agua y contar con maquinaria para recuperar la transitabilidad después de la activación de quebradas o la interrupción de carreteras.
El representante de la Cámara de Piura precisó que estas acciones son necesarias ante la cercanía del evento, pero no dejan infraestructura permanente.
En ese sentido, Sícoli consideró que las acciones inmediatas que deberán tomarse tendrán que combinar prevención y atención de emergencia. Pero, precisó que las medidas de corto plazo no deberían reemplazar una programación de inversiones de mediano plazo que permita enfrentar de manera permanente un fenómeno recurrente.
Por ello, indicó, se debería hacer medidas mucho más concretas y permanentes para evitar que cada cinco o seis años se tengan que repetir medidas de emergencia para reducir daños que podrían prevenirse mediante infraestructura permanente.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.







