Leonie Roca, presidenta de AFIN
El 24 de diciembre pasado se publicó el reglamento de la nueva ley de APP. Con esto, el marco normativo para transformar a Proinversión en el eje central del sistema de inversión privada está formalmente completo. Pero como suele ocurrir, lo difícil no es aprobar normas, sino implementarlas. Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿se le está dando el apoyo suficiente a Proinversión para asumir sus nuevas funciones?
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La nueva ley le otorga competencias que antes estaban dispersas en múltiples entidades. Estos últimos años lo ha hecho muy bien reactivando proyectos que tenían años dormidos, pero ahora será responsable de los procesos en el ciclo completo, lo que incluye la temida posventa: gestión contractual, modificaciones, supervisión de cierres financieros. Todo esto suena bien en el papel. Pero la realidad es que estamos encargándole la gestión de una cartera que entre 2026 y 2028 contempla 88 proyectos por más de US$ 28,000 millones.
Y aquí está el problema central: no basta con decir “ahora Proinversión se encarga”. El fortalecimiento institucional no se decreta, se construye. Y para construirlo se necesitan recursos, capacidades y gobernanza. Recursos significa presupuesto real, no transferencias puntuales para proyectos específicos.
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Capacidades significa no depender exclusivamente de consultorías externas, porque al final del día quien pone la firma es un funcionario público. Y si ese funcionario no tiene la experiencia ni el respaldo institucional, terminará paralizado por el temor a la responsabilidad administrativa.
Sin fortalecimiento institucional real, corremos el riesgo de repetir el patrón conocido: buenos diseños que fracasan en la implementación. Foto: GEC
La nueva ley modifica la composición del Consejo Directivo. Ahora tendrá dos miembros independientes seleccionados por concurso público, además de representantes del MEF, MTC y Vivienda. Pero el nombramiento de estos miembros independientes debe hacerse pronto y bien. Estos consejeros deben tener experiencia real en infraestructura, capacidad técnica y, sobre todo, independencia efectiva del ciclo político.
Chile tiene el MOP, un ministerio con presupuesto de más de USD 5,000 millones anuales, presencia en todas las regiones, y una Dirección General de Concesiones que gestiona tanto la promoción como la ejecución contractual. Colombia tiene la ANI, una agencia con autonomía administrativa, financiera y técnica, patrimonio propio, y un consejo directivo que incluye ministros, pero también representantes del presidente y consejeros de estructuración y gestión contractual. Ambos modelos, con sus diferencias, tienen algo en común: instituciones con músculo propio para gestionar infraestructura de largo plazo.
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Si hacemos bien las cosas, Proinversión puede convertirse en el germen de un futuro Ministerio de Infraestructura que enfrenta los proyectos de inversión pública con mirada territorial utilizando los distintos mecanismos que tenemos para desarrollarla, ya sean APP, OXI u obra pública.
Sin fortalecimiento institucional real, corremos el riesgo de repetir el patrón conocido: buenos diseños que fracasan en la implementación. Toca ahora que el MEF y el Ejecutivo acompañen la nueva ley con el refuerzo presupuestal y político que Proinversión necesita. El vestido ya está listo. Falta vestir al santo.
