El aumento de sueldos en el sector público de Perú volvió al centro del debate laboral y fiscal. Las principales confederaciones de trabajadores estatales presentaron ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) un proyecto de Convenio Colectivo Centralizado 2026–2027, que plantea incrementos remunerativos, nuevos beneficios económicos y modificaciones estructurales al régimen laboral del Estado, con efectos principalmente a partir de enero de 2027.
El pliego sindical se discute en el marco de la Ley Nº 31188 de negociación colectiva en el sector estatal y tendría alcance nacional, aplicable a los tres niveles de gobierno y a los trabajadores de los regímenes del Decreto Legislativo 276, 728, 1057 (Contrato administrativo de servicios - CAS), Servir y carreras especiales.
Sindicatos estatales plantean aumento salarial y cambios clave en el empleo público| Foto: difusión
Incremento salarial general y aguinaldos
El eje central del proyecto es el incremento remunerativo mensual de S/ 700 para todos los servidores públicos, sin distinción de régimen laboral, a partir del 1 de enero de 2027.
La propuesta establece que el aumento tendría carácter permanente y alcance general.
Adicionalmente, el pliego plantea el otorgamiento de aguinaldos en los meses de julio y diciembre, equivalentes a una remuneración o ingreso total, según el régimen laboral, más un 9% adicional como bonificación extraordinaria, también desde el ejercicio fiscal 2027.
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Bono extraordinario y reconocimiento por años de servicio
El proyecto incorpora un bono extraordinario por única vez, a pagarse en enero de 2027, cuyo monto sería escalonado e inversamente proporcional al nivel de ingresos.
De acuerdo con la propuesta, el bono alcanzaría hasta S/ 2,500 para quienes perciban ingresos mensuales de hasta S/ 4,000 y disminuiría progresivamente para los tramos superiores.
También se considera una asignación por años de servicio como reconocimiento a la trayectoria laboral en el Estado. Este beneficio podría llegar hasta cinco ingresos totales al cumplir 40 años de servicios y se haría efectivo también a partir de 2027.
CTS, CAFAE y beneficios económicos pendientes
En materia de compensaciones, el proyecto propone elevar la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) al 100% de los ingresos totales para los trabajadores de los regímenes 276, 29709 (Carrera Especial Pública Penintenciaria) y CAS.
Para el régimen 728, se incluye la regularización de los depósitos de CTS correspondientes al periodo mayo de 2014 – octubre de 2015, con intereses, a ser financiados con cargo a los presupuestos institucionales de cada entidad.
Para el personal del régimen 276, el pliego plantea además un incremento del incentivo CAFAE y la incorporación parcial de este beneficio al Monto Único Consolidado (MUC), lo que tendría efectos permanentes sobre la estructura remunerativa.
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Sindicatos estatales plantean aumento salarial y cambios clave en el empleo público. (Fuente: El Peruano)
Cambios estructurales y compromisos normativos
Más allá de los aspectos económicos, el proyecto incorpora medidas de alcance estructural. Entre ellas, destaca la ampliación voluntaria de la edad límite de permanencia en el servicio hasta los 75 años, el reconocimiento de una pensión mínima no menor a S/ 1,500 al momento del cese y la promoción excepcional y nombramientos en el régimen 276.
Uno de los puntos más sensibles del pliego es la propuesta de derogatoria de la Ley del Servicio Civil (Ley Servir), planteando la conformación de una mesa técnica para elaborar una normativa alternativa.
El Ejecutivo -dice la propuesta- se comprometería a presentar proyectos de ley orientados a una política integral de ingresos del sector público y al reconocimiento de derechos económicos de trabajadores reincorporados.
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Negociación en curso y debate fiscal
El documento precisa que el contenido del pliego no es vinculante mientras no concluya el proceso de negociación colectiva y se cuente con los informes técnicos y la habilitación presupuestal correspondiente.
Sin embargo, de prosperar en los términos planteados, el convenio colectivo centralizado podría representar uno de los mayores cambios salariales y laborales en el sector público de los últimos años, tanto por su impacto fiscal como por las modificaciones estructurales que propone en el empleo estatal.
Para Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, la propuesta presentada por los sindicatos debe leerse como el punto de partida de una negociación y no como un resultado probable.
El abogado explica que la negociación colectiva en el Perú, tanto en el sector público como en el privado, sigue una lógica previsible: los sindicatos formulan pliegos con incrementos elevados, el empleador —en este caso el Estado— responde con propuestas acotadas y, tras el proceso de trato directo y eventuales tensiones, el convenio final se cierra muy por debajo de lo inicialmente solicitado.
Para Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, la propuesta presentada por los sindicatos debe leerse como el punto de partida de una negociación y no como un resultado probable. (Foto: Pixabay)
En ese sentido, Toyama recuerda que en el convenio colectivo anterior del sector público los montos finalmente acordados fueron sustancialmente menores a los planteados en el pliego inicial. “El último incremento fue de alrededor de S/ 100, e incluso en algunos casos llegó a S/ 53, pese a que en la etapa inicial se proponían aumentos de S/ 500 o S/ 600”, señala.
Desde su experiencia, indica que los convenios colectivos suelen cerrarse entre el 10% y 15% de lo pedido originalmente, lo que permite anticipar que la propuesta actual difícilmente se concretará en los términos planteados.
A ello se suma el contexto económico reciente. Según data analizada por su estudio, en los últimos años el poder adquisitivo de los trabajadores del Estado ha aumentado en términos reales, mientras que el del sector privado se ha reducido, principalmente por el impacto de la inflación.
En ese escenario, advierte que incrementos de gran magnitud resultan desproporcionados y que el desenlace más probable será un ajuste moderado, consistente con los precedentes y las restricciones fiscales vigentes.
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