El crimen organizado sigue cobrando víctimas en el país, y una evidencia fehaciente de su incidencia son las crecientes extorsiones en varios sectores, ¿qué pasa en el A/B?
Una cuarta parte de la población mayor a 18 años reporta haber sido víctima de extorsión en los últimos tres meses o conocer a alguien que lo ha sufrido, según el último reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, elaborado por el BCP y Capital Humano y Social S.A (CHS). Ello representa a más de seis millones de personas.
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En el detalle por sector socioeconómico, en los estratos A/B ese porcentaje llega al 27%, siendo incluso mayor que en el sector C (26%) y en el D/E (24%), de acuerdo con la encuesta realizada por Ipsos como base del reporte.
Es decir, aunque para la opinión pública los casos de extorsión son más visibles y frecuentemente relacionados con mypes y emprendedores, en los segmentos sociales más altos hay mayor incidencia de ese crimen.
Encuesta del último reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, elaborado por el BCP y Capital Humano y Social S.A (CHS)
Provisiones
Prueba de lo anterior es que muchas empresas grandes han estado aumentando sus provisiones para gastos inesperados, a modo de prevención, según Carlos Casas, docente de la Universidad del Pacífico.
“Se está detectando que esas provisiones están aumentando y cuando se habla con algunas de estas compañías, la respuesta es: sí, me están extorsionando, o quiero estar preparado (por si me extorsionan)”, manifestó a Gestión el economista.
“Los dueños de algunas empresas que pueden ser extorsionadas, pueden ser del segmento alto también. De hecho, uno recoge testimonios de gente que había invertido en las zonas que están más afectadas (por la ola delictiva) y han decidido salirse porque no quieren exponer a sus familias”, detalló.
En los segmentos sociales más altos hay mayor incidencia de la extorsión. (Foto: Lenin Tadeo/Grupo El Comercio)
Sofisticación
Casas refirió que los extorsionadores operan de forma más sofisticada en estos segmentos de ingresos altos, consiguiendo, por ejemplo, el número de teléfono de las víctimas para enviarles mensajes amenazantes por WhatsApp, y además el cobro es de montos más grandes, en comparación a lo que pueden exigir a los dueños de mypes.
“Un empresario, por ejemplo, con varias farmacias que operan en los conos, quizás vive en San Isidro. Entonces, los extorsionadores pueden averiguar su dirección. Ellos al parecer estudian (a la víctima)”, comentó.
El menor número de casos que salen a la luz pública que involucran a estratos socioeconómicos altos, responde, en parte, a que estas personas cuentan con más recursos que les permiten manejar de modo más discreto la extorsión, pagando, por ejemplo, en algunos casos a los delincuentes, según Casas.
“A lo que podemos llegar es a que la actividad económica sea tomada por estos grupos (de crimen organizado). Uno podría, por ejemplo, pensar en la minería informal. El objetivo (de los delincuentes) es desplazar a los pequeños mineros formalizados y que solo se queden los ilegales”, advirtió.
Consumo
Además, sostuvo que, si bien el sector A/B siempre se ha concentrado más en la denominada Lima Top (Surco, Miraflores, San Isidro, etc.), muchas personas de ese segmento también viven en Jesús María, Magdalena, Pueblo Libre, e incluso La Victoria.
En ese contexto de mayores extorsiones, los hogares peruanos, en general, vienen gastando más en vigilancia, por ejemplo, para implementar cerraduras y cámaras; y los estratos más altos poseen mayor capacidad de poder realizar esa inversión, señaló Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE).
“La extorsión genera una distorsión en las decisiones de los hogares, tanto de consumo como de inversión. Por ejemplo, si sube más la extorsión, es probable que (personas de altos ingresos) comiencen a ajustar su consumo para evitar ser visibles a los extorsionadores”, mencionó.
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Retraso de inversiones
“(El crimen organizado) es como un estado paralelo y no les interesa nada, con lo cual la sociedad se va descomponiendo, se van quitando los incentivos para una buena inversión. Eso es a lo que se puede llegar, a que una buena parte del PBI sea manejado por estos sectores delincuenciales”, advirtió Carlos Casas, de la UP.
Por su parte, Víctor Fuentes, del IPE, consideró que un riesgo principal de no controlar el incremento de las extorsiones es que se retrasen o paralicen decisiones de inversión.
“En el PBI, el resultado final (de no reducir los niveles de delincuencia) significa menos consumo, menos inversión y, por lo tanto, menos crecimiento”, concluyó.
Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.
