La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) actualizó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a empresas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas, bajo supervisión del Mincetur.
Con ello, el sujeto obligado -casino o tragamonedas en este caso- tiene la obligación de comunicar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de forma inmediata y suficiente, a través de su oficial de cumplimiento, las operaciones sospechosas, sin importar los montos involucrados.
“Es decir, en un plazo que en ningún caso debe exceder las 24 horas desde que la operación es calificada como sospechosa”, precisa la nueva norma y acota que el plazo para calificar una operación como sospechosa se sujeta a su naturaleza y complejidad.
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Antes de esta modificación, las entidades contaban con un margen de hasta 15 días hábiles desde la detección para cumplir con este reporte.
Inmediatez
A diferencia de la normativa anterior, el nuevo enfoque pone énfasis en la inmediatez. Una vez que el oficial de cumplimiento determina que una operación es sospechosa, el reporte debe realizarse sin dilaciones, resalta Álvaro Castro, socio de Damma Legal Advisors.
El tiempo para calificarla, sin embargo, no está fijado de manera rígida, aclara el especialista.
Dicha flexibilidad permite evaluar operaciones simples en cuestión de horas, por ejemplo, cuando involucran a personas políticamente expuestas o montos inusuales, mientras que otras, como transacciones con proveedores internacionales, pueden requerir más tiempo de análisis, mencionó.
No obstante, advierte que cualquier demora deberá ser debidamente sustentada ante la autoridad.
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Las demandas argumentan que las empresas que desarrollan las redes sociales usan estrategias que giran alrededor de la adicción, como las de las máquinas tragamonedas y las de los cigarrillos.
Proveedores
Otro cambio relevante es la ampliación del alcance de la debida diligencia. Ahora no solo se deberá evaluar a directores y trabajadores, sino también a proveedores.
Esto responde a una lógica de “cadena de riesgos”, en la que las empresas no solo deben conocer a sus clientes, sino también a quienes les prestan servicios, evitando vínculos indirectos con actividades ilícitas, refiere Castro.
El endurecimiento de las reglas responde, según el especialista, al dinamismo del sector. En el Perú, los negocios de casino y tragamonedas han ganado visibilidad y volumen, lo que incrementa su exposición a ser utilizados para el lavado de dinero.
En ese contexto, la rapidez en el reporte se vuelve relevante, una operación puede concretarse y desaparecer en cuestión de horas, dificultando cualquier acción de control si no se actúa a tiempo, alerta Castro.
Asimismo, precisa que los incumplimientos a estas disposiciones conllevan sanciones administrativas. La eventual revocatoria de licencias no depende de la unidad de inteligencia financiera, sino del regulador sectorial correspondiente.
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
