
Desde El Vaticano, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, expresó que este poder del Estado ha asumido el reto de enfrentar la crisis ambiental y social, muestra de ello son las sentencias emitidas que ordenan reparar daños, proteger los derechos humanos y responder a los efectos del cambio climático.
En ese sentido, destacó la sentencia que reconoció al río Marañón y a sus afluentes como titulares de los derechos a existir, a fluir sin contaminación, así como a preservar sus ecosistemas.
“Este caso marca un hito histórico en el derecho ambiental peruano, pues se alinea con la visión indígena de la naturaleza como sujeto de derecho y no solo como recurso, su cosmovisión vista como sistemas vivos esenciales para los pueblos”, remarcó.
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Así lo expresó la autoridad judicial peruana en su intervención en el foro internacional Building Climate Resilience Legislation, organizado por la Pontifica Academia de las Ciencias Sociales, en Ciudad del Vaticano.
En su exposición, resaltó, además, la decisión judicial que condenó a los asesinos de cuatro líderes ashéninkas de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto (región Ucayali), quienes defendían sus bosques frente a la tala ilegal y la deforestación de sus tierras.
RESILIENCIA AMBIENTAL
Tello Gilardi señaló que, en el Perú, no hay una ley de ‘resiliencia ambiental’, sin embargo, explicó, que este concepto se recoge en normas como la Ley 30754 (Ley Marco sobre Cambio Climático), su reglamento y otros.
Además, mencionó que el Código Penal peruano sanciona como delitos ambientales la contaminación, los daños contra los recursos naturales (minería ilegal) y el incumplimiento de estándares ambientales por responsabilidad funcional.
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“En este marco normativo, y conforme a los estándares internacionales que recogen el concepto de resiliencia ambiental, el Poder Judicial está construyendo una justicia ambiental capaz de ofrecer respuestas claras frente a los impactos negativos del cambio climático”, expresó.
En esa línea, destacó también el fallo de la Corte Suprema que prohibió la extracción hidrobiológica de mayor escala en áreas naturales protegidas, como la Reserva Nacional Dorsal de Nasca.

También hizo hincapié en la sentencia sobre la grave contaminación de la laguna de Yarinacocha, en la que se ordenó a las autoridades a presentar un plan de recuperación con plazos definidos, debido a la presencia de contaminantes, aguas residuales y riesgos sanitarios.
De otro lado, la magistrada relató que, como propuestas innovadoras, las juezas y jueces, sobre todo en zonas altoandinas, han dispuesto que personas condenadas por delitos menores realicen servicio comunitario como arborización, limpieza, recojo de residuos y recuperación de áreas verdes y agrícolas.







